La Comisión de Salud del Senado chileno ha aprobado por unanimidad un proyecto de ley que busca fortalecer la Superintendencia de Salud, el cual ahora se dirige a la Sala para su discusión. Esta iniciativa tiene como objetivo modernizar y mejorar la regulación del sistema de salud en el país, ampliando las facultades de la Intendencia de Prestadores de Salud y corrigiendo asimetrías en la resolución de controversias entre prestadores y pacientes.
El proyecto fue discutido en varias sesiones donde participaron senadores como Ximena Ordenes, Iván Flores, Juan Luis Castro, Francisco Chahuán y Sergio Gahona, quienes escucharon a diversos actores del sector salud, incluyendo al actual Superintendente, Víctor Torres, y representantes de organizaciones como el Colegio Médico y la Asociación de Clínicas. Durante estas audiencias, se identificaron coincidencias sobre las fortalezas y debilidades de la propuesta, lo que llevó a la creación de una mesa técnica para consensuar indicaciones antes de que el proyecto regrese a la Comisión de Salud.
Entre los principales cambios que propone el proyecto se encuentra la creación de un órgano colegiado técnico que apoye a la Superintendencia en la toma de decisiones, así como la equiparación de las facultades de la Intendencia de Prestadores de Salud con las de la Intendencia de Fondos. Además, se busca perfeccionar los mecanismos de protección de los derechos de los pacientes y modernizar el sistema de acreditación de prestadores, asegurando estándares de calidad mediante una supervisión continua y sanciones proporcionales a los infractores.
Los expertos que participaron en las audiencias hicieron varias recomendaciones, como la necesidad de sincerar el informe financiero relacionado con la contratación de personal adicional en la Superintendencia, así como la construcción de mejores indicadores de transparencia para los prestadores y seguros. También se sugirió que la norma adoptara un enfoque más informativo que punitivo, para evitar dañar la imagen de los prestadores de salud.
Asimismo, se planteó la importancia de separar los roles de la Superintendencia en cuanto a fiscalización, normativas y resolución de conflictos, para evitar la concentración de poder y el riesgo de discrecionalidad. También se discutió el impacto que podría tener la creación de un Registro de Prestadores Sancionados en la reputación de los prestadores, así como la necesidad de fortalecer los procesos de mediación que actualmente realiza la Superintendencia.
Finalmente, se abordó la gobernanza del Consejo Asesor, sugiriendo que este debería tener mayor autonomía y características similares a las de la Comisión de Mercado Financiero, incluyendo la rotación de su presidencia y la ratificación de sus miembros por el Congreso Nacional.