El gobierno británico ha presentado un ambicioso proyecto de reforma al sistema de inmigración y asilo, con el objetivo de reducir el número de indocumentados en el país. Entre las medidas propuestas se incluyen la aceleración de deportaciones, el endurecimiento de las condiciones para la reunificación familiar y la limitación del acceso a la residencia legal para los refugiados.
La ministra del Interior, Shabana Mahmood, ha declarado que este plan, que será expuesto ante el Parlamento, busca “unir a un país dividido”. Sin embargo, ha enfrentado críticas de algunos miembros de su propio partido, quienes consideran que se asemeja a las políticas de la extrema derecha. El documento, que se inspira en el modelo restrictivo de Dinamarca, establece tres objetivos principales: disminuir las llegadas de inmigrantes por vías irregulares, aumentar las devoluciones de personas en situación ilegal y crear nuevas rutas seguras y legales para facilitar las solicitudes de asilo genuinas.
Entre las reformas más significativas, se limitará la residencia de los refugiados a un período inicial de 30 meses, revisable según la situación en su país de origen, y se extenderá el tiempo necesario para acceder a la residencia permanente de cinco a 20 años. Durante este tiempo, los refugiados podrían perder su derecho a permanecer en el Reino Unido. Sin embargo, se les permitirá acceder a la residencia antes si obtienen nuevos visados específicos de trabajo o estudio, diseñados para facilitar su integración.
La reunificación familiar también sufrirá cambios, ya que dejará de ser automática y solo será posible para aquellos que participen en las nuevas rutas de trabajo o estudio. Además, se reducirá el acceso a prestaciones públicas, como subsidios de vivienda y ayudas sociales, para quienes puedan mantenerse por sí mismos, con el fin de disminuir los incentivos para migrar al Reino Unido.
El gobierno también ha decidido que la ayuda directa, que incluye alojamiento temporal y manutención mientras se resuelve la solicitud de asilo, ya no será automática. Esta asistencia se ofrecerá únicamente a quienes cumplan con la ley, cooperen con las autoridades y acepten las condiciones de reubicación. Asimismo, se requerirá a los solicitantes de asilo que tengan activos o ingresos que contribuyan a su manutención, y se contempla la posibilidad de confiscar sus bienes si se descubre que no cumplen con estas condiciones.
Se eliminará el uso de hoteles como alojamiento para potenciales refugiados, quienes serán trasladados a instalaciones de tipo militar o comunitarias. Las deportaciones de aquellos que no tengan derecho a permanecer en el país se intensificarán, incluyendo a familias, a quienes se les ofrecerá apoyo económico para facilitar su retorno voluntario.
El gobierno británico continúa negociando acuerdos con terceros países considerados seguros para enviar a solicitantes de asilo cuyos casos hayan sido rechazados en el Reino Unido, pero que no puedan ser devueltos a sus países de origen. Se prevén sanciones, como la denegación de visados, para los países que no cooperen con la devolución de sus ciudadanos, y ya se ha advertido a la República Democrática del Congo, Namibia y Angola sobre estas penalizaciones.
Finalmente, el gobierno planea modificar la ley de derechos humanos para restringir la aplicación del artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que se refiere al respeto a la vida familiar y privada, y también busca reformar el artículo 3 para evitar abusos en las denuncias por tortura.
