Es evidente que el empleo y la economía se han debilitado dramáticamente tras el estallido social y ahora con la pandemia del COVID-19.
En este contexto ha entrado a discusión el proyecto de ley de Modernización de la Franquicia Tributaria SENCE en el Senado. Éste plantea regular un mercado inexistente, dado que la ley y el SENCE coloca las normas, reglamentos, fiscalizaciones, autorizaciones, estándares, etc.
El proyecto postula, entre otras cosas, implementar un copago del 20% a la capacitación, una medida que afectará gravemente a los trabajadores más vulnerables. Pese a que el Gobierno anunció que no habrá un copago para las pymes que facturen hasta 55.000 UF anuales, lo anterior sólo beneficiaría a un pequeño número de trabajadores, que no superan el 9,2% del total. Se estima que esta medida reducirá en un corto plazo en un 60% de la capacitación en Chile, afectando la empleabilidad de miles de trabajadores, como también a los 1.730 Organismos Técnicos de Capacitación (OTEC) que existen.
Las cifras son alarmantes. Hoy sólo un 4,6% de trabajadores se capacitan al año, lo cual demuestra una falta de proactividad en el sistema, sobre todo para aquellas personas que requieren un mayor bienestar social y mejores oportunidades laborales. En el último estudio del Mapa de la Vulnerabilidad del Programa Compromiso País se evidenció que existen cinco millones de trabajadores que no han podido terminar sus estudios formales.
Según datos entregados por el Sence, los sectores que más se capacitan son los administrativos con un 30%, la salud con 16%, el comercio con 14% y logística con un 8%.
¿Qué sucede entonces con la capacitación de la mano de obra productiva del país?
Este proyecto introduce lo que el SENCE calificó por años como una “mala práctica” del sistema, que es el financiamiento con recursos del Estado las carreras técnicas profesionales, utilizado principalmente por las grandes empresas para “premiar” o compensar económicamente a algunos mandos medios y administrativos que estudiaban por su cuenta. Estas profesiones de alto costo absorben recursos escasos que, en ocasiones, pueden dejar de lado capacitaciones de operarios, jornaleros, temporeros, etc.
La pregunta clave en este proyecto de ley es: ¿Podrán los Centros de Formación Técnica (CFT), Institutos Profesionales (IP) y Universidades colocarles bototos a sus profesores para asistir a las empresas? ¿Por qué obliga a los organismos capacitadores (OTEC) a realizar funciones de intermediación laboral, que no son propias de su giro y expertise? Esta indicación deja en clara ventaja competitiva a las Universidades, Institutos Profesional o CFT frente a las OTEC. Ésta es otra señal de que el proyecto pareciera ser sólo un traspaso de recursos SENCE de capacitación desde los trabajadores productivos a la gratuidad en la educación superior.
La OCDE en sus informes 2018 y 2019 le recomienda a Chile crear contratos de aprendiz, utilizar eficazmente las competencias en el trabajo, desarrollar habilidades relevantes a lo largo de la vida laboral y capacitar a los trabajadores más vulnerables. Una forma de lograrlo sería que las pymes cuenten con la asesoría de un área especializada del SENCE que promueva, a través de las OTIC, el uso de esta franquicia. Otra herramienta efectiva sería fomentar el descuento vía PPM. Esto ayudaría a crear conciencia de que existe el beneficio y disponer de fondos. Finalmente, ¿será el momento de implementar medidas de este tipo, sobre todo cuando nos enfrentamos a un escenario de tanta incertidumbre para todos los chilenos y las empresas?.
Por Patricio Reyes de R-Yes Consultores
