El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago ha emitido órdenes de detención en el marco de la investigación del Caso ProCultura, que involucra al Gobierno Regional Metropolitano (GORE RM). Las personas afectadas por esta medida son Alberto Larraín, cofundador de ProCultura; María Constanza Gómez, representante legal de la fundación; María Teresa Abusleme, exdirectora de estudios; Evelyn Magdaleno, exjefa de la División de Desarrollo Social Humano del GORE RM; y Gabriel Prado, excontratado del gobierno regional.
Esta acción judicial se enmarca dentro de las diligencias preventivas y de aseguramiento mientras avanza la investigación sobre la gestión de los recursos públicos que fueron transferidos al programa “Quédate”, el cual se centra en la prevención del suicidio. El Caso Convenios investiga el convenio mediante el cual el GORE Metropolitano asignó aproximadamente $1.600 millones a la fundación ProCultura para la ejecución de dicho programa.
El fiscal Juan Castro Bekios, quien lidera la investigación junto a un equipo especializado de la Policía de Investigaciones (PDI), busca esclarecer la administración de estos recursos y determinar las responsabilidades de los involucrados en la ejecución del proyecto.
Desde la Gobernación Regional Metropolitana han confirmado a Radio ADN que las órdenes de detención son efectivas y han indicado que ofrecerán declaraciones públicas una vez que concluyan las revisiones de las diligencias en curso. La investigación del Caso Convenios sigue activa, y la medida judicial contra Larraín y otros implicados representa un avance significativo en el proceso que busca establecer responsabilidades en la administración de fondos públicos destinados a programas sociales en la Región Metropolitana.