Un juez de la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York ha emitido una sentencia favorable a un grupo de sindicatos laborales que impugnaron la implementación de la Orden Ejecutiva 14238, la cual buscaba reducir drásticamente las funciones del Servicio Federal de Mediación y Conciliación (FMCS). La resolución judicial se centra en la decisión de la administración federal de limitar el número de mediadores a solo seis, en comparación con los 123 que operaban anteriormente, lo que ha generado preocupaciones sobre la capacidad de la agencia para manejar disputas laborales.
La política en cuestión establecía que el FMCS solo intervendría en conflictos laborales que amenazaran con interrumpir significativamente el comercio, definiendo esta interrupción únicamente en situaciones donde la unidad de negociación involucrara a mil o más empleados en industrias generales, o 250 en el sector de la salud. Los demandantes, que incluyen a la Federación Americana de Profesores y otros sindicatos, argumentaron que estas restricciones han causado retrasos en los procesos de negociación colectiva, afectando directamente a los trabajadores.
El tribunal determinó que los sindicatos tenían legitimación activa para presentar su demanda, ya que habían sufrido perjuicios tangibles debido a la falta de servicios de mediación. La corte rechazó el argumento del gobierno de que se trataba de una queja abstracta, subrayando que las reclamaciones debían ser tratadas como cuestiones de servicio público y no meramente como prácticas internas de la agencia.
En relación con el sector de la salud, el juez concluyó que la política impugnada era ilegal, dado que el Congreso de los Estados Unidos había impuesto al FMCS la obligación de hacer todo lo posible para mediar en disputas sanitarias, siempre que se reciba la notificación correspondiente. La corte desestimó la interpretación de la administración que sugería que la falta de personal justificaba la inacción del FMCS.
Asimismo, respecto a otras industrias, el fallo calificó la fijación de umbrales numéricos como arbitraria y caprichosa bajo la Ley de Procedimiento Administrativo (APA). La corte destacó que la agencia no proporcionó una justificación racional ni datos que respaldaran la elección de esos umbrales específicos para determinar si un conflicto merecía intervención federal. Como resultado, la corte ordenó la anulación de la política de umbrales y la reversión de la reducción de personal en el FMCS, exigiendo el restablecimiento de los procedimientos de asignación de mediadores que existían antes de la implementación de estas medidas.