Nicolás Maduro, quien hasta hace dos días era el líder del régimen chavista en Venezuela, se presentó ante un tribunal federal en Nueva York enfrentando cargos de narcotráfico y corrupción. Este evento, ocurrido el 3 de enero, marca un hito significativo no solo para Venezuela, sino también para la región, generando múltiples interrogantes sobre el futuro del país y su administración.
Maduro asumió la presidencia interina en marzo de 2013 tras la muerte de Hugo Chávez, quien había gobernado Venezuela desde 1998. En abril de ese mismo año, Maduro ganó las elecciones presidenciales por un estrecho margen, asumiendo el cargo oficialmente cinco días después. Desde entonces, ha sido reelegido en tres ocasiones, cada vez en medio de acusaciones de falta de transparencia y garantías democráticas. En 2018, varios países y organismos internacionales denunciaron irregularidades en el proceso electoral, y en 2024, el gobierno de Maduro se negó a publicar las actas de las elecciones.
La crisis en Venezuela ha tenido efectos devastadores, con una inflación que alcanzó el 556% en diciembre de 2025, un salario mínimo real de medio dólar al mes, y cerca de 8 millones de personas que han emigrado debido a la crisis, según Acnur. Además, organismos como Human Rights Watch han documentado violaciones a los derechos humanos y persecuciones políticas bajo el régimen de Maduro, que ha llevado al 86% de los hogares venezolanos a vivir en condiciones de pobreza, según el Observatorio Venezolano de Finanzas.
La intervención militar de Estados Unidos en Venezuela ha sido justificada por el gobierno estadounidense como parte de una lucha contra el narcoterrorismo. En agosto del año pasado, se movilizó un contingente militar con el objetivo de interceptar embarcaciones sospechosas de tráfico de drogas. Además, el gobierno de Trump ofreció una recompensa de 50 millones de dólares por información que condujera al arresto de Maduro, quien es acusado de colaborar con organizaciones criminales para introducir drogas en Estados Unidos.
El interés de Estados Unidos en Venezuela también se centra en el petróleo, considerado un recurso estratégico. Trump ha expresado su deseo de “recuperar” el petróleo venezolano, que es propiedad del Estado según la constitución del país. En este contexto, aunque China y Rusia no poseen el petróleo, mantienen vínculos estratégicos con el régimen chavista para su exportación.
Sin embargo, la operación estadounidense ha sido criticada por ser potencialmente ilegal. La administración Trump ha sido acusada de violar la Constitución al no consultar al Congreso antes de la intervención. La junta editorial de The New York Times ha señalado que cualquier justificación para una invasión debe pasar por el Congreso, y que la Carta de las Naciones Unidas solo permite movilizaciones militares en defensa ante un ataque armado o con autorización del Consejo de Seguridad, lo que no se ha cumplido en este caso.
A pesar de la salida de Maduro, la situación política en Venezuela sigue siendo incierta. La crisis no se puede simplificar a un conflicto entre izquierdas y derechas, ya que incluso el Partido Comunista de Venezuela ha tomado una postura opositora al chavismo. Actualmente, Delcy Rodríguez, una figura clave del chavismo, ha asumido la presidencia, mientras que Diosdado Cabello, considerado el número dos del régimen, también mantiene un papel relevante.
Estados Unidos ha indicado que no enviará tropas a Venezuela, aunque Trump ha afirmado que su país está “a cargo” de la situación en el país. La posibilidad de una transición hacia la oposición liderada por figuras como María Corina Machado ha sido descartada por Washington, que considera que estas figuras carecen del apoyo necesario para liderar el país.
Finalmente, Trump ha mencionado el regreso de la “Doctrina Monroe”, que busca reafirmar el control de Estados Unidos sobre el hemisferio occidental, en un contexto de intereses geopolíticos y de seguridad nacional.