La diputada Natalia Romero ha reiterado su solicitud al Gobierno para que tome medidas firmes en relación con las tomas de terrenos que afectan a diversas ciudades del país, incluyendo Rancagua, San Antonio, Viña del Mar, Santiago y otros lugares donde este problema ha alcanzado niveles críticos. La parlamentaria expresó: “Espero que estos desalojos se concreten, porque representan una señal clara de que el Estado no puede permitir que la ocupación ilegal de terrenos siga proliferando sin consecuencias. En Rancagua somos testigos de los graves problemas que generan en todo su entorno”.
Problemas derivados de la ocupación ilegal
Romero advirtió que la ocupación ilegal de terrenos no solo plantea un desafío en términos de vivienda, sino que también se ha convertido en un foco de delincuencia y crimen organizado. La diputada denunció que “en distintas tomas del país se han encontrado operaciones del Tren de Aragua, casas utilizadas como centros de tortura y redes de tráfico de drogas”.
Condiciones de inseguridad en los asentamientos
La legisladora subrayó que estos asentamientos, al carecer de regulación y de servicios básicos, se convierten en espacios propicios para la comisión de delitos y la instalación de bandas criminales que operan con total impunidad. “Muchas veces, las personas que habitan en estas tomas son utilizadas como escudos humanos por estas organizaciones criminales, dificultando aún más la acción de las fuerzas de seguridad y exponiendo a familias vulnerables a situaciones de alto riesgo”, agregó.
Llamado a la acción gubernamental
En este contexto, la diputada hizo un llamado al Gobierno para que se haga cumplir la ley en todas las tomas del país y, al mismo tiempo, se busquen soluciones habitacionales para las familias que realmente lo necesiten. “Esto debe hacerse a través de mecanismos institucionales y no mediante la tolerancia a la toma de terrenos, que solo contribuye a la crisis de seguridad que enfrentamos”, enfatizó.
