Desde el 5 de enero, la Patagonia argentina ha sido azotada por incendios forestales que han arrasado con aproximadamente 21 mil hectáreas de bosques, plantaciones y pastizales, afectando gravemente a la provincia de Chubut. En medio de esta crisis ambiental, han surgido en redes sociales imágenes y videos que critican la intención del gobierno de Javier Milei de modificar la Ley del Manejo del Fuego, que actualmente prohíbe cambios en el uso de tierras afectadas por incendios.
Los incendios han causado no solo la pérdida de flora y fauna nativa, sino también la destrucción de hogares, complejos turísticos e infraestructura en diversas localidades de la región. La preocupación por la posible derogación de restricciones en la Ley del Manejo del Fuego ha generado un intenso debate público sobre la gestión de los recursos naturales y la protección del medio ambiente.
La Ley del Manejo del Fuego, aprobada en 2012, establece un marco para la protección ambiental frente a incendios forestales y rurales en Argentina. Esta normativa creó el Sistema Federal de Manejo del Fuego y el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, con el objetivo de coordinar esfuerzos para la protección del medio ambiente y la seguridad de la población. En 2020, la ley fue modificada para incluir prohibiciones que impiden realizar cambios en el uso de tierras afectadas por incendios durante un periodo de 30 a 60 años, dependiendo de la gravedad del siniestro.
Entre las restricciones impuestas se encuentran la prohibición de modificar el uso y destino de las tierras, así como la realización de actividades agropecuarias distintas a las que se llevaban a cabo antes del incendio. Estas medidas buscan asegurar la restauración de las áreas devastadas por el fuego.
El 9 de diciembre, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó un informe del Consejo de Mayo, un órgano consultivo que incluye a representantes de diversos sectores, donde se discutió la posibilidad de eliminar las prohibiciones actuales. El gobierno argumenta que estas restricciones desincentivan la actividad económica y dificultan la recuperación de las áreas afectadas. Según el informe, “los productores pueden sufrir una catástrofe doble: además de sufrir un incendio, no pueden adaptarse a los cambios productivos, lo que disminuye su capacidad para recuperarse económicamente”.
El gobierno propone derogar ciertos artículos de la ley vigente para restituir una versión anterior que no impone prohibiciones por décadas, sino que permite mantener el uso del suelo de acuerdo con su categoría ambiental. Esta modificación ha sido criticada por grupos ambientalistas, quienes advierten que podría incentivar la recategorización de tierras a nivel provincial, lo que podría tener consecuencias negativas para la conservación del medio ambiente.
Hasta el momento, más de un mes después de la presentación del informe, el gobierno argentino no ha llevado a cabo la derogación de los artículos en cuestión, lo que mantiene la incertidumbre sobre el futuro de la gestión de incendios y la protección de los ecosistemas en la región.