Un juez del Tribunal Superior del Condado de Maricopa ha ordenado al Estado de Arizona suspender la aplicación de varias normativas sobre el aborto, las cuales fueron establecidas antes de la modificación constitucional de 2024 que garantiza la autonomía en la toma de decisiones médicas de las mujeres.
La decisión judicial afecta a la prohibición de interrumpir el embarazo en casos de anomalías genéticas no letales y a las restricciones que limitaban el uso de telemedicina para la prescripción de medicamentos abortivos. Además, el fallo elimina requisitos administrativos y médicos previos, como la realización obligatoria de ecografías, pruebas de sangre Rh y la exigencia de completar dos visitas presenciales con un intervalo mínimo de 24 horas antes de acceder al procedimiento.
El tribunal argumentó que las leyes impugnadas vulneran la capacidad de elección autónoma al imponer procesos médicos y la entrega de información sin considerar la voluntad o las necesidades individuales de cada paciente. Según la sentencia, estas exigencias no se alinean con los estándares de práctica médica basada en la evidencia ni con la protección de la relación médico-paciente en contextos de diagnósticos fetales complejos.
El marco constitucional vigente en Arizona establece que el aborto es un derecho fundamental que no puede ser interferido por el poder público antes de la viabilidad fetal, salvo en casos de un interés estatal imperioso relacionado estrictamente con la salud de la persona gestante. En este contexto, la justicia determinó que las normativas anteriores no cumplían con este criterio de necesidad limitada y, en cambio, dificultaban el ejercicio del derecho reconocido por la ciudadanía en las urnas.
Desde el ámbito legislativo, los representantes de la Cámara y el Senado estatal han expresado su oposición al fallo, argumentando que las leyes suspendidas estaban diseñadas para garantizar estándares de seguridad y salud pública. Tras la publicación de la sentencia, la presidencia del Senado anunció que se interpondrá un recurso de apelación con el objetivo de revertir la decisión y restaurar la vigencia de las normas que han sido bloqueadas por el tribunal de Maricopa.