Leonarda Villalobos demanda $115M por daños en inmueble tras ser imputada.

Leonarda Villalobos retoma su ejercicio profesional y demanda a Fernando González por millonaria indemnización tras fallas en inmueble

La abogada Leonarda Villalobos, actualmente bajo arresto domiciliario por su implicación en el caso Factop, ha reanudado su actividad profesional al presentar una demanda en representación de la empresaria Mariela Vera Luco. Según informa La Tercera, la acción legal fue presentada ante el 10° Juzgado Civil de Santiago y busca la terminación de un contrato de compraventa, así como una indemnización millonaria por los daños sufridos por Vera tras la adquisición de un inmueble.

La controversia se originó cuando Vera firmó un contrato de promesa de compraventa para adquirir un departamento en el Condominio Amalfi, ubicado en Lo Barnechea, de la sociedad Gonzofer SpA., que pertenece al extenista Fernando González. La compradora adquirió el departamento N°211, junto con una bodega y dos estacionamientos, por un total de 32.500 UF, equivalentes a aproximadamente 1.291 millones de pesos chilenos. El pago se realizó en dos partes: 2.772 UF al momento de la firma y el resto, 29.728 UF, a ser abonado una vez que el inmueble estuviera inscrito a su nombre.

Según la demanda, el vendedor no cumplió con la obligación de entregar el inmueble en condiciones adecuadas, ya que Vera descubrió serias fallas estructurales, incluyendo filtraciones de agua. La situación se agravó cuando amigos de Vera que se alojaron en el departamento notaron que el baño de una de las habitaciones se rebalsaba, inundando el espacio con aguas servidas, lo que también afectó el pasillo contiguo al living.

La demanda presentada por Vera cuantifica los daños emergentes en 115 millones de pesos, cifra que incluye el monto pagado por la promesa de compraventa, así como 13 millones de pesos destinados a reparaciones y la pérdida de enseres debido a los problemas de inundación. Además, se reclama una compensación de 10 millones de pesos por daño moral, argumentando que las afecciones no patrimoniales han afectado la salud mental de la demandante y han frustrado su sueño de adquirir una vivienda propia.