Laura Fernández Delgado fue elegida como la nueva presidenta de Costa Rica tras obtener más del 48% de los votos en las elecciones generales, celebradas el pasado domingo. La candidata del partido Pueblo Soberano, que representa a la centroderecha y es heredera política del presidente saliente Rodrigo Chaves, logró evitar una segunda vuelta al imponerse con una diferencia significativa sobre sus competidores. Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional, ocupó el segundo lugar con un 32% de los votos, según datos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
La victoria de Fernández no solo se traduce en un nuevo liderazgo, sino que también su partido ha conseguido una mayoría clara en el Parlamento, al obtener 30 de los 57 escaños legislativos, lo que le proporcionará un respaldo crucial para su agenda gubernamental. En su primer discurso tras la confirmación de su triunfo, Fernández se comprometió a liderar un “gobierno de diálogo y concordia nacional, respetuoso y firme del Estado de derecho”, aunque no dudó en calificar a ciertos sectores de la oposición como “obstruccionistas y saboteadores”.
Con 39 años, Fernández asumirá el cargo el próximo 8 de mayo, convirtiéndose en la segunda mujer en la historia de Costa Rica en ocupar la presidencia, después de Laura Chinchilla, quien estuvo en el cargo de 2010 a 2014. A pesar de no tener experiencia electoral previa, su perfil técnico es sólido; es politóloga formada en la Universidad de Costa Rica, con especialización en Políticas Públicas, y ha ocupado cargos como ministra de Planificación y ministra de la Presidencia durante el gobierno de Chaves, de los cuales renunció para postularse a la presidencia.
Durante su campaña, Fernández se presentó como la “heredera” del estilo de liderazgo de Chaves, quien concluye su mandato con niveles de aprobación superiores al 50%, según encuestas. Este capital político le permitió construir un mensaje centrado en la continuidad, apoyándose en los logros económicos del gobierno actual, que incluyen crecimiento económico, baja inflación, y reducción del desempleo y la pobreza. La seguridad será uno de los ejes centrales de su administración, en un contexto de creciente violencia y narcotráfico en el país. Entre sus propuestas más polémicas se encuentra la posibilidad de declarar estados de excepción en zonas conflictivas, lo que ha suscitado críticas desde la oposición.
La nueva presidenta electa también ha manifestado su intención de recomponer las relaciones bilaterales con otros países, especialmente tras la crisis generada por los vuelos de migrantes y desacuerdos en políticas antidrogas. Su llegada al poder marca un nuevo capítulo en la política costarricense, con un enfoque en la continuidad y la estabilidad, en un momento en que el país enfrenta desafíos significativos.