La Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) ha informado que ha tomado medidas para recuperar 20 mil millones de pesos en licencias médicas rechazadas, tras un informe de la Contraloría General de la República (CGR). Este informe, que abarcó el periodo de 2017 a 2024, reveló que 1.045 funcionarios acumularon licencias médicas por “Enfermedad o Accidente Común” durante más de dos años de manera intermitente, resultando en 60.958 licencias no recuperadas, lo que equivale a un monto total de 20.916 millones de pesos.
Además, la CGR destacó que 9.964 licencias fueron rechazadas y que la Junji no había implementado acciones para recuperar los subsidios por incapacidad laboral, que suman 5.547.961.164 pesos. En este contexto, la Contraloría estableció un plazo de 60 días hábiles para que la Junji presente un plan de acción que asegure la recuperación de estos fondos, y anunció que enviará los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que tome las acciones pertinentes.
Desde la Junji, se ha afirmado que “ya se han ejecutado las acciones que corresponden para dar respuesta al contralor en los plazos establecidos”. La institución indicó que de los recursos no recuperados, lo que se ha logrado recuperar está relacionado con las licencias rechazadas, alcanzando un total de 5.547 millones de pesos. La Junji también destacó que, durante 2024 y antes de la emisión del informe, se gestionó el cobro del 95% de esos recursos, recuperando subsidios por incapacidad laboral por más de 1.700 millones de pesos.
Asimismo, la Junji mencionó que hay licencias notificadas en proceso de recuperación, las cuales están incluidas en un plan de acción institucional. La Dirección Regional Metropolitana de la Junji se encargará de realizar las gestiones necesarias para el tratamiento contable de los montos adeudados por concepto de licencias médicas.
En relación a las observaciones sobre licencias médicas con antigüedad superior a cinco años y las licencias rechazadas de exfuncionarios, la Junji aseguró que ya se habían tomado medidas concretas antes de la emisión del informe final, incluyendo la derivación a instancias judiciales cuando sea necesario, abarcando también casos de funcionarios desvinculados.