La aerolínea Jetsmart ha sido condenada por la justicia tras un incidente en el que se impidió a una ciudadana venezolana abordar un vuelo hacia Lima, lo que fue considerado un acto de discriminación basado en su nacionalidad. El fallo judicial, que se basa en la Ley Zamudio, ordena a la compañía ofrecer disculpas a la afectada, reembolsar el costo del pasaje perdido, pagar una multa significativa y asumir las costas del juicio.
Detalles del incidente
En diciembre de 2023, Gaby Pineda Chinchilla intentó visitar a su familia y adquirió un boleto con Jetsmart con destino final a Cúcuta, Colombia, que incluía una escala en Lima. En el aeropuerto de Santiago, los representantes de la aerolínea solicitaron a la pasajera una serie de documentos y requisitos para permitir su abordaje, así como a otros pasajeros venezolanos que viajaban en el mismo vuelo.
Gaby Pineda, quien contaba con una residencia temporal en Chile, relató que se les exigió presentar prueba de su situación migratoria en el país y un permiso para ingresar a Perú como turistas. Posteriormente, los pasajeros fueron apartados de la puerta de embarque y observaron cómo el avión despegaba sin ellos.
Reacción de la afectada
La situación fue descrita por Gaby Pineda como “triste y vergonzosa”, ya que no solo se frustró su oportunidad de reunirse con su familia después de seis años de emigrar a Chile, sino que también se sintió expuesta a las miradas de otros pasajeros durante su traslado a una oficina de la PDI.
Al considerar que había sido víctima de un trato discriminatorio, Gaby Pineda decidió presentar una demanda, invocando la Ley Zamudio. Esta acción legal fue aceptada por el Segundo Juzgado Civil de Concepción.
Decisión judicial
El abogado Luis Santander explicó que se estableció que Gaby Pineda no fue admitida en el vuelo únicamente por su nacionalidad, lo que llevó a la imposición de una multa de un millón 625 mil pesos y otras medidas reparatorias.
Respuesta de Jetsmart
Desde la aerolínea, se emitió un comunicado en el que expresaron su pesar por lo ocurrido, afirmando que cumplirán con la sentencia y revisarán sus procedimientos para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro, aunque negaron que se tratara de un acto de discriminación.
