La ex presidenta interina de Bolivia, Jeanine Añez, se encuentra en la etapa final de su juicio por la denominada masacre de Senkata, que se reanudará el 13 de enero de 2025. Se espera que el Tribunal de Sentencia Cuarto Alto emita una sentencia condenatoria en las primeras semanas de 2025, según lo informado por el ministro de Justicia, César Siles.
En una entrevista con la Agencia Boliviana de Información, Siles declaró: “En caso estamos juicio, está avanzando (…), ya se ha producido prácticamente toda prueba documental, faltará testifical, pericial aguardamos enero podamos tener condena”. Añez está acusada de genocidio, junto a otros ex funcionarios de su gobierno, como Arturo Murillo, Fernando López y Víctor Hugo Zamora, quienes fueron sus ministros de Gobierno, Defensa e Hidrocarburos, respectivamente. Algunos de estos ex funcionarios se encuentran fuera del país, y también están implicados otros jefes militares y policiales.
Los hechos que se juzgan ocurrieron poco después de que Añez asumiera la presidencia del país tras la renuncia de Evo Morales, quien estuvo en el poder desde 2006 hasta 2019. El 19 de noviembre de 2019, en la zona de Senkata, en El Alto, las Fuerzas Armadas intervinieron en una protesta en la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), bajo el amparo del Decreto Supremo 4078, que eximía de responsabilidades penales a quienes actuaran para restablecer “el orden interno y la estabilidad pública”.
Según la versión oficial de aquel momento, se alegó que grupos afines a Morales intentaban tomar el predio para dañar las instalaciones, utilizando explosivos y poniendo en peligro a los habitantes de la urbe alteña. Sin embargo, esta intención nunca fue demostrada, y varios representantes del Movimiento Al Socialismo (MAS) negaron sistemáticamente estas afirmaciones. En la acción militar, se reportaron diez muertes por impacto de bala, según un informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes conformado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Añez podría enfrentar hasta 30 años de prisión por este caso, siendo juzgada a través de un proceso ordinario. Actualmente, se encuentra detenida en la cárcel de La Paz, cumpliendo dos años desde el Golpe de Estado II, cuando la justicia dictaminó que su llegada al poder fue inconstitucional y no se trató de una sucesión legítima.
A finales de septiembre, el exministro Iván Lima reveló que el juicio se estaba llevando a cabo de manera ordinaria, y que las responsabilidades se estaban atribuyendo “por capricho” de Morales. Lima afirmó en una entrevista: “Aquí hay responsable, ese es”, lo que generó un distanciamiento con el partido evista. En respuesta a estas declaraciones, Lima fue criticado por sus contradicciones, ya que anteriormente había negado derechos a Añez y a otros “presos políticos”, civiles, policiales y militares, que cumplieron con el deber de pacificar Bolivia y proteger al pueblo, mientras que el MAS atacó y persiguió sin consideración.
Estas revelaciones han despertado críticas entre analistas y periodistas, quienes afirman que evidencian la politización de la justicia y cómo esta se somete al poder de turno, pidiendo que se levanten los cargos contra la ex presidenta.
