El presidente de Colombia, Gustavo Petro, defendió el ataque aéreo que ordenó el 11 de noviembre en el departamento del Guaviare, el cual resultó en la muerte de veinte disidentes de las FARC, entre ellos siete niños reclutados por las guerrillas. A través de un comunicado extenso publicado en sus redes sociales, el mandatario colombiano se refirió a las críticas que ha recibido, calificándolas de “infundadas”.
Petro argumentó que el ataque se realizó en una zona donde, según él, no había civiles, y citó el Derecho Internacional Humanitario (DIH) para justificar su decisión. “No es cierto que rompí el principio de distinción. En la selva adentro donde se produjo el bombardeo era imposible romperlo: no había civiles en la zona”, afirmó.
El presidente también rechazó comparaciones entre su ataque y bombardeos en Gaza o acciones militares del expresidente de EEUU, Donald Trump, en el Caribe. “En esos sitios han bombardeado solo civiles desarmados y lo hacen con armas mucho más letales que las que usamos; no es comparable con el bombardeo a las columnas de Mordisco, armadas y en plena ofensiva”, explicó, refiriéndose a la operación contra disidencias lideradas por el hombre más buscado de Colombia, alias Iván Mordisco.
La Defensoría del Pueblo y Medicina Legal de Colombia confirmaron la muerte de cuatro niñas y tres niños durante la operación, lo que intensificó las críticas de la oposición hacia Petro. El presidente defendió su uso de bombardeos, indicando que ha tomado esta decisión en doce ocasiones durante su mandato, y que siempre busca minimizar el riesgo para los civiles. “Siempre he tomado la decisión última, he buscado al máximo inteligencia que ubique la presencia de menores cuando esto es posible”, aseguró.
Desde la oposición, figuras como el expresidente Ernesto Samper han criticado la acción, afirmando que “no hay ninguna diferencia entre los 7 niños muertos por los bombardeos oficiales en el Guaviare y los miles de inocentes sacrificados por el fuego israelí genocida en Gaza”. Samper enfatizó que los bombardeos indiscriminados, especialmente aquellos que afectan a niños, están prohibidos por el DIH.
En respuesta a la controversia, la Fiscalía General Penal Militar y Policial de Colombia anunció la apertura de una indagación sobre la operación en el Guaviare, asegurando que se llevará a cabo con la máxima rigurosidad jurídica y técnica para verificar si las acciones de la fuerza pública se ajustaron a los principios del uso legítimo de la fuerza en el contexto del conflicto armado. La entidad también reiteró su compromiso con el debido proceso y la presunción de inocencia en el actuar de la fuerza pública.
