En medio de un déficit fiscal del 3,6% del PIB, el presidente Gabriel Boric y sus ministros han recibido un bono por cumplimiento de metas, lo que ha generado controversia en el ámbito político chileno. Según un informe de La Segunda, Boric incrementó su salario de $7 millones a $10 millones, mientras que el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, vio un aumento de $6,9 millones a $8,1 millones. Por su parte, Javiera Martínez, directora de la Dipres, recibió más de $17 millones, lo que representa un incremento de $10 millones respecto a su remuneración habitual de $7 millones.
La situación ha desatado la indignación de la oposición, que critica que el actual gobierno está heredando una precaria situación fiscal a la futura administración de José Antonio Kast. Parlamentarios de la oposición han manifestado su intención de ejercer acciones de control sobre los bonos otorgados a los funcionarios del gobierno de Boric y han expresado su deseo de eliminar este tipo de incentivos para altos funcionarios del Estado tras el cambio de mando.
Joanna Pérez, jefa de bancada de diputados Demócratas, recordó que durante las discusiones presupuestarias se planteó la necesidad de eliminar esta asignación a ministros y cargos de confianza, pero no hubo una respuesta favorable por parte del Ejecutivo. “Lamentablemente, esto no ha sido considerado por el gobierno”, afirmó Pérez, quien también destacó que la propuesta de eliminar el bono fue rechazada en el Senado.
Por su parte, la diputada electa del Partido Republicano, Javiera Rodríguez, se mostró firme en su postura de eliminar el Programa de Mejoramiento de Gestión (PMG) para las altas autoridades, argumentando que los ministros y el presidente ya reciben sueldos elevados y no necesitan bonos adicionales. “Si hablamos de austeridad, partamos por cortar estos privilegios”, sostuvo Rodríguez.
El diputado electo Francisco Orrego (RN) coincidió en la necesidad de eliminar el PMG, señalando que el presidente Boric llegó al poder prometiendo reducir los sueldos y se va con los bolsillos llenos. Orrego anunció que, una vez asuma en el nuevo Parlamento, buscará fiscalizar el pago de los bonos y presionar para que no se otorguen incentivos sin resultados tangibles en seguridad y economía.
El diputado Roberto Arroyo (PSC) también se pronunció sobre el tema, sugiriendo que la devolución del bono por parte del presidente Boric sería un acto de responsabilidad institucional, aunque advirtió que la discusión debería centrarse en corregir las desviaciones del programa, garantizando transparencia y alineación con resultados medibles.
La controversia en torno a los bonos se produce en un contexto de creciente preocupación por la situación fiscal del país y la necesidad de austeridad en el gasto público, lo que ha llevado a un debate intenso sobre la remuneración de los altos funcionarios del Estado.