Allanamientos en domicilios de cofundadores de ProCultura en el marco de una investigación por presunto fraude y corrupción
La Fiscalía Regional de Coquimbo llevó a cabo un operativo de allanamiento el jueves 14 de septiembre, en el contexto de la investigación relacionada con la Fundación ProCultura. Este procedimiento incluyó la entrada a 14 domicilios, entre los cuales se encontraban las residencias de Alberto Larraín, cofundador de la fundación, y María Constanza Gómez, quien actúa como representante legal de la entidad. La investigación se enmarca dentro del denominado ‘Caso Convenios’.
El operativo fue dirigido por la Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones (PDI) y se realizó en diversas localidades, abarcando tanto la Región Metropolitana como la ciudad de Concepción, en la región del Biobío. En la capital, se registraron 12 domicilios en comunas como Colina, Vitacura, La Reina, Puente Alto, Lo Barnechea, Pudahuel, Ñuñoa, Santiago y Las Condes.
Durante el procedimiento, las autoridades lograron localizar un servidor que contenía la base de datos de correos electrónicos y otros documentos relevantes de la Fundación ProCultura, el cual no había sido encontrado previamente a pesar de las solicitudes realizadas por el equipo investigador. Además, se llevaron a cabo incautaciones de diversos dispositivos tecnológicos, incluyendo notebooks, teléfonos celulares, chips de teléfonos, pendrives y unidades centrales de procesamiento (CPUs).
En el caso específico de Alberto Larraín, se le confiscó su teléfono celular personal, así como otros dispositivos móviles y computadoras que se encontraban en su domicilio. La Fundación ProCultura está bajo investigación por presuntos delitos que incluyen fraude al fisco, lavado de activos y tráfico de influencias. La causa ha sido asignada al fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper.
Es importante señalar que este artículo se refiere a un proceso judicial en curso, por lo que los individuos mencionados no deben ser considerados culpables hasta que se emita un fallo por parte de las autoridades competentes.
