La Fiscalía Nacional Económica (FNE) ha presentado un informe ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en relación a la consulta realizada por la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios A.G. (ADI) y la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) sobre la Norma Técnica de Calidad de Servicio para Sistemas de Distribución Eléctrica, que fue dictada en 2024 por la Comisión Nacional de Energía (CNE).
En su análisis, la FNE ha reconocido que, aunque se han logrado avances en la estandarización del proceso gracias a la implementación de esta normativa, aún existen áreas que requieren mejoras para asegurar una mayor eficiencia y condiciones competitivas en el sector eléctrico. Por ello, el organismo ha propuesto una serie de medidas que buscan reforzar la transparencia, objetividad y trazabilidad del procedimiento de conexión y ampliación de nuevos suministros eléctricos.
Entre las recomendaciones de la FNE se incluye la necesidad de una mayor precisión en la definición y aplicación de los servicios asociados, especialmente aquellos que están sujetos a tarifas máximas. Además, se sugiere la armonización de plazos y responsabilidades, así como el fortalecimiento de la fiscalización sectorial. También se plantea facilitar la participación de terceros en actividades que pueden llevarse a cabo en condiciones de competencia, lo que podría beneficiar tanto a los solicitantes como a los consumidores finales.
El informe de la FNE, elaborado por la División Antimonopolios, advierte que la falta de reglas claras, una fiscalización efectiva y plazos exigibles puede generar riesgos para la competencia en un mercado donde las empresas distribuidoras tienen un monopolio legal. Se identificaron varios riesgos, como asimetrías de información, discrecionalidad en la definición de obras y plazos, y falta de transparencia en presupuestos y contratos. También se mencionan los problemas que surgen del ejercicio simultáneo de funciones de certificación y provisión de servicios por parte de las distribuidoras, lo que podría afectar la competencia en el sector.
La FNE concluye que un diseño regulatorio más claro y exigible es fundamental para mitigar los riesgos de abuso y promover la eficiencia del sistema, asegurando así la competencia en beneficio de todos los actores involucrados.