La contralora general de la República, Dorothy Pérez, expresó su oposición al proyecto de reajuste al sector público, destacando que la llamada “norma de amarre” afecta las competencias de la Contraloría. Durante su intervención en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Pérez subrayó que el organismo no dispone de la información necesaria sobre las asignaciones sujetas a reajuste, lo que impide validar la proyección de estos gastos.
Pérez explicó que, a pesar de haber sostenido reuniones con la Dirección de Presupuestos (Dipres) para revisar la metodología de trabajo, existen componentes de gasto, como aguinaldos y bonos, que no pueden ser validados debido a la falta de antecedentes sobre los beneficiarios y los tramos salariales correspondientes. La contralora centró sus críticas en la “norma de amarre”, que busca restringir ciertos despidos a partir del 11 de marzo, argumentando que esta disposición modifica directamente un régimen estatutario sin considerar sus efectos en el sistema en general.
En particular, Pérez se refirió al artículo 6 del proyecto de ley, que establece que la Contraloría no debe intervenir ni informar en casos que estén bajo el conocimiento de los tribunales, y que solo puede abstenerse en reclamos de personal a contrata. Según la contralora, “esta norma altera las competencias de un órgano” y cuestionó la posibilidad de que una ley miscelánea de rango simple pueda modificar la organización y atribuciones de órganos autónomos constitucionalmente establecidos.
Pérez concluyó que “se está modificando el régimen jurídico de la Contraloría General de la República, esto tiene que verificarse por una norma orgánico constitucional”. Este proyecto de ley ha sido incluido por el Gobierno entre los logros de la administración del presidente Gabriel Boric, aunque ha generado controversia y críticas desde diversos sectores.