La bancada de Renovación Nacional (RN) ha solicitado a la Contraloría General de la República que realice una auditoría al concurso público organizado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), tras recibir información que pone en duda la creación y provisión de un nuevo cargo directivo en el organismo.
El requerimiento fue presentado por los diputados Frank Sauerbaum, Carla Morales, Paula Labra y Eduardo Durán, quienes pidieron una revisión exhaustiva del concurso establecido mediante la resolución exenta N° 385. En su solicitud, los parlamentarios también demandaron que se examine el procedimiento utilizado para determinar el nivel jerárquico, el grado directivo y la calidad de planta del nuevo cargo.
El concurso en cuestión está relacionado con Ariel Espinoza, actual jefe de la División Jurídica del Ministerio del Medio Ambiente, y tiene como objetivo cubrir la jefatura del recién creado Departamento de Denuncias y Experiencia Usuaria, una unidad que fue establecida por decisión de la Superintendenta de la SMA. Los diputados han expresado su preocupación, señalando que la creación de este departamento ha sido objeto de críticas, ya que actualmente la tramitación de denuncias ambientales se lleva a cabo a través de las oficinas regionales de la Superintendencia. Por lo tanto, argumentan que la nueva unidad podría tener un carácter predominantemente administrativo o de control de gestión, sin una justificación clara en términos de eficiencia o mejora del servicio a la ciudadanía.
Además, los parlamentarios han manifestado inquietudes sobre el rango asignado al nuevo cargo, que se le habría otorgado calidad de planta y grado 4 directivo, el nivel más alto de jefatura dentro del servicio. En su oficio, advierten que esta situación podría consolidar una posición directiva de alto rango a través de un diseño orgánico reciente, lo que tendría un impacto permanente en la estructura del servicio y en el gasto público asociado.
Los diputados de RN han planteado que, de confirmarse los hechos descritos, esto podría constituir un uso instrumental de las facultades administrativas para asegurar la continuidad de ciertas personas en cargos estratégicos del Estado, lo que desnaturalizaría los principios de mérito, igualdad de oportunidades y transitoriedad que deben regir el acceso y permanencia en la función pública.
Por lo tanto, han solicitado a la Contraloría, bajo la dirección de Dorothy Pérez, que evalúe los antecedentes del concurso público de la SMA, así como el procedimiento que llevó a la definición del nivel jerárquico y grado directivo del cargo a proveer, y las razones que justificaron la asignación de calidad de planta.