La organización australiana Digital Freedom Project ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Australia para impugnar una nueva normativa que prohibirá a los menores de 16 años el uso de redes sociales a partir del 10 de diciembre.
Esta medida, que afectará a plataformas como Instagram, TikTok, Snapchat y YouTube, ha sido calificada por la agrupación como «excesiva» y como una intervención estatal desproporcionada en la vida digital y la libertad de expresión de los jóvenes.
Según Digital Freedom Project, la regulación no solo restringe la participación de los adolescentes en espacios de expresión y socialización digital, sino que también infringe el «derecho constitucional» a la libertad de comunicación política, un derecho que ha sido reconocido por el Tribunal Superior desde la década de 1990.
La organización ha argumentado que esta prohibición es un “ataque directo al derecho de los jóvenes a la libertad de comunicación política” y ha criticado al Gobierno por delegar en “burócratas no electos” decisiones que, según ellos, deberían ser tomadas por las familias.
La controversia en torno a esta normativa también ha sido abordada por abogados de Google, quienes en julio solicitaron al Gobierno que excluyera a YouTube de la prohibición. La compañía advirtió que la medida impediría a los menores publicar o comentar sobre contenidos políticos. Sin embargo, la exención para YouTube fue finalmente descartada, dejando a la plataforma sujeta a las mismas restricciones.
Con la implementación de esta normativa, Australia se posicionará como uno de los primeros países en el mundo en establecer limitaciones de esta magnitud para menores en redes sociales, en un contexto donde varios gobiernos están considerando medidas similares para aumentar la protección de niños y adolescentes en Internet.
