La Corte de Apelaciones de Santiago ha desestimado el recurso presentado por la Ilustre Municipalidad de Santiago, que buscaba impugnar una sanción impuesta por la Superintendencia de Educación al Liceo Darío Salas, confirmando así la Resolución Exenta PA N°002574, emitida el 27 de octubre de 2025. Esta resolución mantiene una sanción de privación temporal y parcial del 1% de la subvención general del establecimiento por un mes, debido a infracciones a la normativa educacional.
La controversia surgió tras un proceso de fiscalización realizado en el marco del Programa “Requisitos del Reconocimiento Oficial” del año 2022, donde la Superintendencia detectó múltiples deficiencias en el liceo. En una fiscalización de seguimiento, se constató que no se habían subsanado observaciones relacionadas con la idoneidad técnica y moral del personal docente y asistente, así como la falta de condiciones mínimas en los laboratorios de Biología y Física. Como resultado, se inició un procedimiento administrativo sancionador que formuló seis cargos, de los cuales cuatro fueron confirmados: tres considerados infracciones graves por la falta de acreditación del personal y uno menos grave por deficiencias en la infraestructura.
La Municipalidad argumentó que la resolución era ilegal, alegando que vulneraba principios de imparcialidad y derecho de defensa, y que la Superintendencia no consideró adecuadamente los descargos presentados. Además, solicitó que la sanción fuera reemplazada por una amonestación o una reducción menor de la subvención.
Por su parte, la Superintendencia de Educación defendió la legalidad de su resolución, afirmando que se ajustó a derecho y que el recurso administrativo permitió corregir deficiencias de la instancia regional. Indicó que la Municipalidad no logró demostrar la idoneidad del personal ni subsanar las deficiencias de infraestructura, y que la sanción aplicada era la mínima legal para las infracciones graves, considerando la reincidencia como un agravante.
Al resolver, la Corte de Santiago recordó que la reclamación se limita a un control de legalidad y no a una revisión del mérito de la decisión administrativa. La Corte concluyó que la resolución impugnada estaba debidamente fundamentada, ya que analizó los descargos y antecedentes, desestimando dos de los cargos y manteniendo los que no cumplían con la normativa.
El fallo subrayó que las infracciones constatadas justifican la aplicación de una sanción, y desestimó la alegación de desproporcionalidad, afirmando que la sanción se encontraba dentro del rango legal y consideraba la gravedad de las infracciones y la existencia de sanciones anteriores.
Finalmente, la Corte de Santiago rechazó el recurso de reclamación de la Municipalidad de Santiago, confirmando la sanción impuesta por la Superintendencia de Educación, que se mantendrá en vigor por un mes.