La Asamblea Nacional de Corea del Sur ha aprobado una nueva legislación que prohíbe la difusión de información falsa por parte de los medios de comunicación, tanto tradicionales como digitales. Esta normativa, que introduce un sistema de indemnizaciones punitivas significativas, ha generado un intenso debate sobre sus posibles implicaciones para la libertad de prensa y la censura.
El proyecto fue aprobado con 170 votos a favor de los 177 legisladores presentes, a pesar de los intentos del Partido Conservador de obstruir la votación. La discusión se extendió por 24 horas antes de que el Partido Demócrata lograra finalizar el debate y llevar a cabo la votación.
La legislación amplía el alcance de las sanciones y redefine lo que se considera contenido ilícito, incluyendo la difamación, la incitación a la discriminación y la difusión de datos falsos. Los legisladores del Partido Demócrata argumentan que esta medida es necesaria para combatir la desinformación y las noticias falsas, que, según ellos, amenazan los fundamentos de la democracia.
Una de las características más destacadas de la nueva ley es que permite a los tribunales imponer indemnizaciones por daños punitivos que pueden llegar hasta cinco veces el monto de las pérdidas comprobadas. Sin embargo, esta disposición ha suscitado preocupaciones entre periodistas y defensores de las libertades civiles, quienes critican la vaguedad de la redacción del proyecto y la falta de salvaguardias para proteger la labor periodística.
Song Ji-Won, abogado del Instituto de Derecho de la Comunicación, expresó que la valoración judicial debería considerar la información en su totalidad, advirtiendo que la normativa podría permitir la eliminación de contenido audiovisual completo basándose en una sola frase incorrecta.
El contexto político en el que se ha aprobado esta legislación es complejo, marcado por la fragmentación ideológica tras el juicio político que resultó en la destitución del expresidente Yoon Suk Yeol en 2024. En este clima, ha aumentado la popularidad de creadores de contenido en plataformas como YouTube, quienes difunden teorías conspirativas y retratan a Yoon como víctima de persecución política, lo que ha contribuido a la polarización de los medios digitales y al incremento de discursos de odio.
Los legisladores del Partido Demócrata han subrayado la necesidad de regular no solo la información falsa, sino también el discurso de odio que se utiliza con fines de lucro o para causar daño. Esta situación se ve agravada por las recientes acusaciones contra Yoon Suk Yeol por presunto encubrimiento en una investigación militar, así como por los cargos presentados contra otro exlíder surcoreano relacionados con la ley marcial de diciembre de 2024.