La Contraloría General de la República de Chile, bajo la dirección de Dorothy Pérez, ha cobrado relevancia en el ámbito fiscalizador al presentar informes que evidencian serias irregularidades en el uso de recursos públicos, destacando el abuso de licencias médicas en el sector público.
Desde que asumió el cargo en noviembre de 2024, Pérez ha implementado nuevas metodologías de rastreo que han permitido identificar casos de despilfarro y falta de probidad en diversas instituciones. Uno de los informes más impactantes, publicado en mayo de este año, reveló que más de 25,000 funcionarios públicos viajaron al extranjero mientras estaban con licencia médica, lo que generó un fuerte rechazo en la opinión pública y el inicio de sumarios administrativos contra los implicados, dado el considerable perjuicio fiscal que esto representa para el Estado.
Entre los involucrados, se identificaron 2,892 funcionarios de Carabineros, Fuerzas Armadas, Gendarmería y la Policía de Investigaciones (PDI) que también salieron del país durante su periodo de reposo médico. Esta información fue obtenida a través de un exhaustivo cruce de datos de la PDI sobre las entradas y salidas del país.
A principios de diciembre, la Contraloría centró su atención en la Dirección General de Crédito Prendario (Dicrep), conocida popularmente como “Tía Rica“, donde se detectaron fallas significativas en el control de empeños. Entre 2023 y 2024, se identificó que 1,681 personas con antecedentes penales vigentes utilizaron el sistema para empeñar bienes por un total de $1,507 millones, sin que se verificara la legalidad de la procedencia de estos objetos. A pesar de las irregularidades, la Dicrep no presentó denuncias ni reportó los casos a las autoridades competentes.
La auditoría también reveló que en 2023, 4,769 usuarios realizaron transacciones recurrentes, con un rango de entre 10 y 229 operaciones por persona, cifra que aumentó a 4,895 en 2024, con hasta 230 empeños por individuo. Como consecuencia de estas irregularidades, el Ministerio del Trabajo y Previsión Social solicitó la renuncia del director general de la Dicrep, Cristóbal Sepúlveda Miranda, el 22 de diciembre, siendo reemplazado interinamente por Juan Andrés Troncoso.
Recientemente, la Contraloría publicó otro informe que expone un desorden financiero en 73 entidades públicas entre 2020 y 2024, incluyendo 50 instituciones del Gobierno Central y 23 del sector municipal, con recursos objetados que superan los $15.9 billones. Los ministerios más afectados por las observaciones son Defensa, Vivienda e Interior, con montos de $4,203 millones, $1,720 millones y $1,613 millones, respectivamente.
Este informe ha suscitado críticas sobre la gestión de los recursos públicos, llevando a la oposición a considerar acciones legales y políticas. Diputados de la UDI han anunciado su intención de solicitar fiscales especiales para investigar posibles delitos, además de considerar acusaciones constitucionales contra los ministros responsables de las carteras implicadas. En respuesta, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, ha señalado que el informe de la Contraloría abarca un periodo anterior a la actual administración, lo que también ha sido corroborado por el Ministerio de Vivienda, que atribuye las observaciones a estados financieros de años anteriores.