El Consejo de Mayo avanza en su conformación con la designación de representantes de diversos sectores y la definición de su rol en la implementación del pacto firmado en julio.
El Consejo Mayo, organismo creado para traducir en proyectos de ley los puntos del pacto homónimo firmado el 9 de julio en Tucumán, aún no ha completado su conformación a pesar de que el Gobierno había establecido un plazo de 60 días para su creación. A casi tres meses de su anuncio, algunos sectores ya han designado a sus representantes, mientras que otros aún están en proceso de definición. Este consejo estará presidido por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
El Poder Ejecutivo ha comunicado, a través de un decreto enviado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que varias de las iniciativas de modernización planteadas por la actual gestión se encuentran bajo su responsabilidad. En relación a la representación del sindicalismo en esta mesa, se ha discutido la posible inclusión de Gerardo Martínez, secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), quien ha sido mencionado como candidato durante las conversaciones entre el Gobierno y la cúpula de la CGT en una reunión reciente en la Casa Rosada. Según fuentes de ese encuentro, el funcionario preguntó a los líderes gremiales sobre quién podría ser elegido, y Martínez fue uno de los nombres que surgió.
Martínez es considerado un dirigente “independiente” y ha tenido encuentros privados con el candidato presidencial Javier Milei, aunque también ha criticado la gestión de Milei en varias ocasiones. En un evento de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en junio, Martínez expresó que “interviene en la resolución de conflictos, promueve políticas de empleo, se preocupa por la formación profesional y pretende limitar la negociación colectiva, ausente de sus obligaciones para combatir el trabajo no registrado y el debilitamiento de la inspección laboral”.
En la reunión del lunes pasado, los sindicalistas acordaron avanzar en la creación de una mesa tripartita que incluirá a empresarios para analizar conjuntamente la redacción de un artículo de reforma laboral que se refiere a los bloqueos en el sector privado. Fuentes oficiales indicaron que ya hay nombres circulando para representar a los empresarios ante el Consejo Mayo, y se mencionó que este grupo podría denominarse “Grupo Seis”, compuesto por autoridades de la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Sociedad Rural Argentina.
Las negociaciones entre los legisladores del oficialismo y la oposición han enfriado considerablemente, y ambos sectores han reconocido que “no hay tema del cual se esté hablando”. En un primer momento, se especuló con la posibilidad de que Cristian Ritondo, del bloque PRO, se reuniera semanalmente con Francos, pero esta opción se ha diluido. Desde el entorno de Ritondo se ha afirmado que “no hay algo que nos quite el sueño”. La designación de representantes de cada área, en el caso de los legisladores, dependerá de un acuerdo político entre los bloques, según anticiparon personas cercanas a Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados.
Aún queda por definir quién ocupará el asiento de los gobernadores en el Consejo Mayo. Los mandatarios de provincias como Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego) ya firmaron el pacto. Las opciones para representar a los gobernadores incluyen a Raúl Jalil (Catamarca), Leandro Zdero (Chaco), Ignacio Torres (Chubut), Jorge Macri (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Jujuy), Carlos Sadir (Mendoza), Alfredo Cornejo (Misiones), Hugo Passalacqua (Neuquén), Rolando Figueroa (Río Negro), Alberto Weretilneck (Salta), Gustavo Sáenz (San Juan), Marcelo Orrego (San Luis), Claudio Poggi (Santa Fe), Maximiliano Pullaro (Santiago del Estero), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y María Eugenia Vidal (quien adhirió unas semanas después de julio).
El pacto establece compromisos que incluyen el respeto a la inviolabilidad de la propiedad privada, un equilibrio fiscal innegociable, la reducción del gasto público a niveles históricos, la mejora de la educación inicial, primaria y secundaria, la reducción de la presión impositiva y la simplificación de la vida de los argentinos. También se plantea la necesidad de rediscutir la coparticipación federal de impuestos y poner fin a un modelo que se considera extorsivo para las provincias. El pacto también menciona la explotación de recursos naturales y la necesidad de un sistema previsional sostenible que respete a quienes han aportado al mismo, así como la apertura al comercio internacional para que Argentina vuelva a ser un protagonista en el mercado global. El texto del pacto señala que la transformación de estos puntos en ley requerirá la participación de actores del Ejecutivo, el Senado, las provincias y entidades empresariales.