Un nuevo proyecto de ley en Chile busca modificar la Ley N° 21.600, que establece el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, para frenar la creación de nuevos sitios prioritarios hasta que se publique el reglamento correspondiente.
La moción, presentada por el diputado Benjamín Moreno, tiene como objetivo garantizar el respeto al principio de legalidad administrativa, así como la transparencia en los procesos y la seguridad jurídica para las actividades económicas que podrían verse afectadas por la declaración de nuevos sitios prioritarios. La propuesta incluye la adición de un inciso al artículo octavo transitorio de la ley, que prohibiría la designación de nuevos sitios prioritarios hasta que se emita el reglamento exigido por el artículo 29 de la misma ley.
En sus fundamentos, la iniciativa señala que el Ministerio del Medio Ambiente ha comenzado un proceso de consulta pública sobre el listado de sitios prioritarios, a pesar de que aún no se ha dictado la reglamentación necesaria para establecer criterios técnicos claros para la delimitación de estos territorios. Se advierte que los sitios prioritarios que fueron calificados por la Comisión Nacional del Medio Ambiente antes de la entrada en vigencia de la Ley SBAP están siendo sometidos a una nueva normativa que introduce criterios y categorías significativamente diferentes a las que existían anteriormente.
El proyecto también critica la falta de criterios homogéneos y verificables en el proceso de recalificación, argumentando que las bases metodológicas son incompletas y carecen de valor reglamentario. Además, se menciona que la ausencia de reglamentación podría aumentar la discrecionalidad administrativa, generando inseguridad jurídica para la inversión, especialmente en el sector de la pequeña y mediana minería en el norte del país. Se cuestiona la legalidad y transparencia de un proceso de participación ciudadana que se lleva a cabo sin reglas claras ni parámetros normativos establecidos.
El proyecto de ley, que actualmente se encuentra en su primer trámite constitucional, ha sido enviado a la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural de la Cámara de Diputadas y Diputados para su estudio e informe.