El Gobierno de Argentina está a punto de implementar un arancel para los estudiantes extranjeros que deseen asistir a universidades públicas en el país. Esta medida será anunciada oficialmente en las próximas horas y ha sido confirmada por altos dirigentes del partido Libertad Avanza. La decisión se produce un día después de que se llevara a cabo una masiva marcha en la que se exigió la garantía de fondos para las casas de altos estudios.
El presidente Javier Milei también ha manifestado su intención de vetar la ley de financiamiento universitario que fue aprobada por el Congreso. En este contexto, el diputado Martín Menem, al ser consultado sobre la decisión del Gobierno, expresó: “Me parece una razonable. Quienes vienen de otras partes a estudiar en nuestro país son personas que no han pagado ni un impuesto aquí durante toda su vida. Nosotros sostenemos educación, salud, seguridad y justicia, por lo que me parece razonable que quienes utilicen esos servicios hayan contribuido y paguen algo. Por algo aquí, sus países deben ser tan accesibles, entonces que lo paguen”.
La posibilidad de avanzar en el cobro de aranceles a los estudiantes extranjeros fue planteada inicialmente en el texto de la Ley de Bases, aunque esta propuesta fue excluida durante las negociaciones para su aprobación. Fuentes del oficialismo han subrayado que el principio de gratuidad está garantizado para los argentinos residentes, destacando que la Ley de Bases autoriza a las áreas del gobierno a arancelar la educación superior para extranjeros.
De hecho, esta serie de reformas es parte de una norma considerada esencial para la gestión de Avanza, que busca desarrollar un programa de gobierno que promueva cambios en todos los niveles. Entre estos cambios se incluye la posibilidad de cobrar aranceles a los residentes. Los funcionarios han recordado que los ejes planteados inicialmente en la norma introducen un sistema educativo que permite a las universidades decidir sobre la reglamentación y la facultad concedida por las Bases.
Sin embargo, estas medidas están siendo evaluadas en el contexto de la segunda Marcha Federal Universitaria. A pesar de la movilización masiva, que unificó la respuesta de los participantes, se ha argumentado que las motivaciones detrás de la marcha fueron estrictamente políticas. Para sostener este argumento, se ha expuesto la participación de líderes de la oposición. Por otro lado, algunos referentes sostienen que la intención del Gobierno es desfinanciar el sistema educativo, obligando a las máximas autoridades a rendir cuentas de manera más exhaustiva sobre el uso que se les da a los recursos que reciben.