El juez Patricio Álvarez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decidió no imponer prisión preventiva a Alberto Larraín y otros cuatro imputados en el Caso ProCultura, lo que ha generado controversia y críticas por parte de la UDI y otros actores involucrados en la causa. La resolución, emitida el pasado martes, se basa en la falta de acreditación de delitos por parte de la Fiscalía, que presentó antecedentes considerados contradictorios.
Pablo Toloza, abogado querellante que representa a la UDI y a los Republicanos, expresó en una entrevista con EL DÍNAMO que la decisión del tribunal refleja “errores graves” en la comprensión del delito investigado. Toloza argumentó que el juez no ponderó adecuadamente los antecedentes presentados y que no entendió la naturaleza del fraude, que tiene implicaciones de corrupción. “Este no es cualquier delito fraudulento. Estamos hablando de un fraude que tiene una connotación de corrupción”, afirmó.
El abogado destacó que el tribunal mostró dudas sobre si Larraín era funcionario público y sobre el nexo del fraude al Fisco. Sin embargo, Toloza subrayó que Larraín había sido nombrado recientemente como miembro del directorio de la Corporación Cultural y de Turismo de la Región Metropolitana, lo que debería haber influido en la decisión del juez. Además, criticó la afirmación del tribunal de que las corporaciones municipales no están sometidas al control de la Contraloría, señalando que esto es incorrecto, ya que las corporaciones que reciben fondos públicos sí son fiscalizadas.
La resolución del juez Álvarez ha puesto en entredicho la solidez de la investigación, que lleva más de dos años. Toloza mencionó que la Fiscalía ha enfrentado dificultades, incluyendo la rotación de cinco fiscales en el caso, lo que ha complicado el desarrollo de la investigación. A pesar de esto, Toloza defendió el trabajo de la Fiscalía, afirmando que han hecho lo posible dadas las circunstancias.
El abogado también anticipó que el gobernador Claudio Orrego podría ser desaforado y formalizado, afirmando que existen suficientes antecedentes para que la Corte de Apelaciones de Santiago tome esta decisión. Toloza concluyó que el problema radica en la falta de comprensión del juez sobre la causa y sus implicancias, lo que llevó a una minimización de pruebas y estándares en su resolución.