Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 de España ha impuesto una multa de más de 75 millones de dólares a la plataforma Airbnb por anunciar viviendas destinadas al uso turístico sin la licencia correspondiente, así como por otras infracciones detectadas durante una investigación. Esta sanción se convierte en la segunda mayor multa en la historia del país en materia de consumo, solo superada por los 127 millones de dólares que se impusieron a Ryanair por el cobro ilegal de recargos por equipaje de mano.
El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, destacó que esta acción busca establecer un precedente en el control del mercado del alquiler turístico y en el cumplimiento de la normativa vigente. Bustinduy afirmó que la sanción es una “demostración de que cuando los poderes públicos actúan con determinación, ningún actor económico puede eludir sus obligaciones”. Además, subrayó que la “tarea de control y sanción frente a las prácticas abusivas en el ámbito de la vivienda” es una “prioridad absoluta de este Ministerio en esta legislatura”.
La resolución no solo implica un castigo económico, sino que también obliga a Airbnb a corregir los incumplimientos detectados, lo que incluye la retirada de más de 65.000 anuncios que vulneran la normativa y la obligación de hacer pública la multa impuesta. Entre las infracciones sancionadas se encuentran la publicación de alojamientos turísticos sin licencia, la inclusión de números de registro incorrectos y diversas formas de publicidad engañosa, como la difusión de información no veraz sobre la naturaleza jurídica de los anfitriones.
Según el Ministerio, el monto de la multa equivale a seis veces el beneficio ilícito obtenido por la plataforma durante el tiempo en que los anuncios permanecieron activos a pesar de un apercibimiento oficial. Esta acción contra Airbnb forma parte de una ofensiva más amplia contra prácticas abusivas en el mercado del alquiler, en la que el Ministerio mantiene abiertos expedientes sancionadores contra varias agencias inmobiliarias.
Recientemente, se impuso una multa de 4,2 millones de dólares a la empresa Alquiler Seguro por cobrar comisiones ilegales a los inquilinos y obligarlos a contratar servicios no solicitados, según informó la asociación de consumidores Facua.
En el contexto de la regulación del mercado de alquiler y el control de prácticas abusivas, el gobierno español continúa trabajando para garantizar el cumplimiento de la normativa y proteger los derechos de los consumidores.