El Vaticano ha decidido anular las sanciones impuestas al sacerdote Felipe Berríos, tras resolver la apelación presentada por él, determinando que “no se logró la certeza moral suficiente sobre los delitos denunciados”. Esta decisión implica que todas las restricciones eclesiásticas que pesaban sobre Berríos, incluyendo su expulsión de la Compañía de Jesús y la prohibición de ejercer públicamente su ministerio, han quedado sin efecto, según un comunicado emitido por la congregación.
La restitución de Berríos marca un cambio significativo en un proceso que se inició en abril de 2022, el cual había culminado en mayo de 2024 con severas sanciones basadas en la “verosimilitud” de las acusaciones. El derecho canónico exige un estándar de “certeza moral”, que requiere pruebas contundentes, superiores a meras sospechas o indicios preliminares.
El sacerdote de 70 años es conocido por su labor social, siendo fundador de Techo y participando activamente en debates sobre pobreza y derechos humanos, lo que lo ha convertido en una figura influyente dentro de la izquierda chilena. Su caso se hizo público en 2022, cuando la Fundación para la Confianza presentó denuncias por “hechos de connotación sexual” que involucraban a siete mujeres, algunas de ellas menores de edad en el momento de los supuestos incidentes. Berríos ha negado las acusaciones, describiéndolas como “falsas” y “orquestadas”.
Entre 2023 y 2025, las causas avanzaron tanto en la justicia chilena como en el Vaticano. En diciembre de 2025, la Corte de Apelaciones de Chile sobreseyó las causas penales por prescripción, mientras que el Vaticano revisó la apelación presentada en junio de 2024 y, el 9 de diciembre de 2025, decidió anular todas las sanciones impuestas a Berríos. Esta resolución cuestionó la falta de “garantías mínimas de debido proceso” en la investigación inicial y consideró que los antecedentes probatorios eran insuficientes.
La decisión ha generado reacciones encontradas. Sectores que apoyan a Berríos han celebrado su “vindicación”, mientras que defensores de las víctimas han expresado que esta resolución representa un retroceso para la credibilidad de la institución. La Compañía de Jesús ha acatado la resolución sin emitir autocríticas, lo que ha suscitado un nuevo debate.
Hasta el momento, Berríos no ha emitido una nueva declaración, aunque anteriormente había afirmado ser víctima de un proceso “injusto”. Este caso reabre la discusión sobre la relación entre la justicia canónica, la reparación a las víctimas y la transparencia dentro de la Iglesia.