Los países de la Unión Europea (UE) han aprobado un endurecimiento de las normas migratorias, con el objetivo de reducir la llegada de extranjeros y establecer “centros de retornos” fuera del bloque para aquellos solicitantes de asilo cuyas demandas hayan sido rechazadas. Esta decisión fue tomada durante una reunión en Bruselas por los ministros de Interior de los 27 Estados miembros, en un contexto marcado por el aumento de partidos políticos que abogan por una disminución de la migración. El paquete de medidas ahora debe ser ratificado por el Parlamento Europeo antes de su implementación.
El acuerdo incluye dos propuestas legislativas que se centran en la creación de una lista de “países seguros” y en la revisión del concepto de tercer país seguro. Estas medidas están diseñadas para acelerar el retorno de migrantes que no tienen posibilidades de que su solicitud de asilo sea aceptada en el territorio comunitario. En particular, se ha acordado un nuevo reglamento que amplía las circunstancias bajo las cuales una solicitud de asilo puede ser considerada inadmisible, eliminando la necesidad de que exista una “conexión” con el país de retorno.
Además, se ha aprobado la primera lista de países considerados “seguros”, que incluye a Marruecos, Colombia, Bangladesh, Egipto, India, Kosovo y Túnez, así como a los países candidatos a la adhesión a la UE. El Consejo de la UE ha declarado que estas nuevas leyes tienen como objetivo “establecer procedimientos de asilo más rápidos y eficaces para quienes no deberían recibir protección dentro de la UE”.
El comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, ha afirmado que estas medidas “ayudarán a procesar las solicitudes de manera más efectiva y reducirán la presión sobre los sistemas de asilo”. Sin embargo, España, Francia y Portugal votaron en contra de la normativa relacionada con el concepto de tercer país seguro. Francia también apoyó a España en su rechazo a la falta de obligación de notificar a otros Estados miembros sobre acuerdos con terceros países para llevar a cabo retornos, y solicitó que no se financien estos acuerdos con fondos europeos.
Por otro lado, Alemania respaldó la propuesta, argumentando que proporciona un marco más pragmático que respeta las obligaciones internacionales. El concepto de tercer país seguro permite a los Estados miembros de la UE rechazar una solicitud de asilo sin examinar su contenido si el solicitante podría haber buscado protección en un país no perteneciente a la UE que se considere seguro.
Los Estados miembros podrán aplicar este concepto basándose en tres criterios: la existencia de una conexión entre el solicitante y el tercer país, el tránsito del solicitante por el tercer país antes de llegar a la UE, o un acuerdo que garantice que la solicitud de asilo se examinará en el país no perteneciente a la UE. Sin embargo, este concepto no se aplicará a menores no acompañados, y los solicitantes que recurran una decisión de inadmisibilidad ya no tendrán derecho automático a permanecer en la UE durante el proceso, aunque podrán solicitar a un tribunal el derecho a permanecer.