UDI advierte que llevará al TC la norma que limita a empleados públicos.

UDI advierte que recurrirá al TC si el Gobierno persiste en norma que amarra a empleados públicos y afecta la democracia

La Unión Demócrata Independiente (UDI) ha anunciado su intención de recurrir al Tribunal Constitucional si el Gobierno logra aprobar una norma que consideran perjudicial para la democracia y la alternancia en el poder, incluida en el proyecto de ley de reajuste salarial para funcionarios públicos. Este anuncio se realizó el lunes, cuando los diputados de la UDI expresaron su preocupación por la inclusión de criterios que, según ellos, podrían afectar la estabilidad laboral de los trabajadores del sector público.

El proyecto de ley establece que la no renovación de contratos en el sector público debe realizarse mediante un acto administrativo fundamentado, utilizando criterios objetivos y verificables, en lugar de basarse únicamente en la “necesidad del servicio”. Además, se propone reducir el periodo de “confianza legítima” de cinco a dos años. Los legisladores de la UDI, Guillermo Ramírez y Jorge Alessandri, calificaron esta norma como “impropia, deshonesta e irresponsable”, argumentando que transforma el proyecto de reajuste en una reforma encubierta al Estatuto Administrativo sin un debate adecuado.

“La ley de reajuste al sector público tiene un objetivo claro y acotado, relacionado con las remuneraciones y beneficios de los trabajadores. Al incorporar normas sobre empleo y estabilidad laboral, el Gobierno está actuando de manera irresponsable”, afirmaron los diputados. En caso de que el Congreso apruebe la norma, los legisladores de la UDI han prometido actuar de inmediato, señalando que no permitirán que se protejan a los “operadores políticos” del Gobierno a través de esta legislación.

“No se trata de una disputa ideológica, sino de actuar con responsabilidad y evitar ser cómplices de una maniobra impropia e inmoral”, añadieron Ramírez y Alessandri, instando a los parlamentarios oficialistas a rechazar la inclusión de esta norma en el protocolo de acuerdo entre el Gobierno y la Mesa del Sector Público.

Los diputados concluyeron que lo que está en juego no es solo el reajuste salarial, sino el respeto a la democracia y la alternancia en el poder, advirtiendo que si el Gobierno persiste en sus intenciones, no dudarán en recurrir al Tribunal Constitucional para frenar lo que consideran un abuso de poder.