Los diputados de la UDI han expresado su firme oposición a la propuesta del Gobierno de incluir una norma de “amarre” en el proyecto de ley de reajuste del sector público, calificando esta medida como “impropia y deshonesta”. En un comunicado oficial, la bancada de la Unión Demócrata Independiente (UDI) argumentó que la iniciativa del Ejecutivo vulnera los principios de mérito, probidad y profesionalismo que deben regir en la función pública.
Los parlamentarios advirtieron que esta norma podría perjudicar gravemente a los funcionarios de carrera, quienes son esenciales para el funcionamiento del Estado, y temen que se cree una “planta paralela” compuesta únicamente por operadores políticos y activistas afines al Gobierno.
La UDI también señaló que la propuesta favorece la judicialización de la administración pública, debilita las atribuciones de la Contraloría General de la República e ignora decisiones previas de la Corte Suprema, lo que podría afectar la institucionalidad y la transparencia en el uso de los recursos públicos.
En su comunicado, los diputados hicieron un llamado a los partidos con representación en el Congreso, especialmente al Socialismo Democrático, instándolos a actuar con responsabilidad y coherencia.
“Respaldar esta norma significaría aprobar una medida contraria al interés general, diseñada solo para beneficiar a personas con fines ideológicos”, afirmaron los parlamentarios. Además, enfatizaron que este tipo de iniciativas perpetúan prácticas que han sido un lastre para el Estado, priorizando conexiones políticas y mediocridad sobre el mérito y la excelencia en el servicio público.
La bancada de la UDI no descartó la posibilidad de recurrir a acciones legales y constitucionales para frenar la implementación de esta norma, advirtiendo que su aplicación podría transformar al aparato público en una agencia de empleo al servicio del Gobierno, en lugar de atender los intereses generales del país. En este contexto, el ministro del área mencionó que el plazo para resolver esta situación es durante el mes de enero, con el objetivo de que la próxima administración no herede este problema.