Un ciudadano rumano no podrá llevar su demanda sobre condiciones penitenciarias al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tras ser declarada inadmisible.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha decidido no admitir la demanda presentada por un ciudadano de Rumanía que alegaba haber sufrido condiciones inadecuadas en diversas prisiones del país. La resolución se centró en la eficacia del remedio preventivo establecido en el artículo 56 de la Ley 254/2013, diseñado para prevenir situaciones que pudieran vulnerar el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
El Tribunal examinó el historial penitenciario del demandante, quien desde 2019 ha estado recluido en diferentes centros penitenciarios. Según la documentación revisada, durante varios periodos de su reclusión, las condiciones en las que se encontraba eran compatibles con los estándares mínimos exigidos por el Convenio, especialmente durante su estancia en el centro de Galaţi. Por lo tanto, el Tribunal concluyó que el demandante debió haber utilizado el mecanismo compensatorio disponible en el ámbito nacional para cuestionar sus condiciones de detención anteriores.
En relación con su reclusión que comenzó en 2024, el Tribunal evaluó la información proporcionada por el Estado rumano sobre el funcionamiento del remedio preventivo y las decisiones de los jueces de ejecución de penas posteriores a abril de 2023. Estas decisiones reflejan una jurisprudencia consolidada que permite a los internos acceder a medidas inmediatas ante situaciones que pudieran implicar un trato contrario al artículo 3 del Convenio.
La resolución también tuvo en cuenta las reformas implementadas por las autoridades rumanas tras el caso Rezmiveș y Otros, que incluyeron la modernización de las instalaciones penitenciarias y el aumento de la capacidad disponible. Informes recientes del Consejo de Europa indican una disminución general en la densidad penitenciaria en Rumanía, lo que, según el Tribunal, favorece la implementación de decisiones que buscan mejorar las condiciones de detención.
A pesar de que el solicitante había utilizado en ocasiones anteriores el remedio previsto en la Ley 254/2013 para denunciar malos tratos y solicitar atención médica, no lo hizo para impugnar sus condiciones en la prisión de Craiova. Dado que el recurso era accesible y ofrecía perspectivas razonables de éxito desde abril de 2023, el Tribunal determinó que la falta de uso de esta vía impedía el examen del fondo de la queja.
Esta decisión subraya la necesidad de agotar los mecanismos internos antes de recurrir a la jurisdicción internacional y reconoce los avances en el sistema penitenciario rumano en la gestión de las condiciones de detención. La resolución fue adoptada de manera unánime y es definitiva.