Un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ha sido presentado ante el Tribunal Constitucional de Chile, cuestionando la aplicación de varios artículos del Código Civil y del Código de Procedimiento Civil en un caso que se encuentra actualmente en el 19° Juzgado Civil de Santiago. Este requerimiento busca que no se apliquen los artículos 671, 497 y 181 en la resolución de un recurso de apelación que está siendo revisado por la Corte de Apelaciones de Santiago.
El requirente argumenta que la aplicación conjunta de estas normas vulnerará sus derechos fundamentales, específicamente los consagrados en el artículo 19, números 3, 5 y 24 de la Constitución chilena. En particular, se refiere a una resolución emitida el 17 de octubre de 2025, que ordenó el lanzamiento de un inmueble en la comuna de Maipú, utilizando la fuerza pública, en el contexto de una ejecución hipotecaria contra la deudora principal del juicio.
El requirente sostiene que reside en el inmueble mencionado bajo un contrato de arrendamiento formalizado ante notario el 29 de septiembre de 2023, el cual es válido hasta mayo de 2026. Este contrato le otorga un título legítimo de uso y goce, que debería ser oponible a terceros. Sin embargo, la orden de lanzamiento se ha extendido a su persona, a pesar de no ser parte del proceso judicial ni haber sido notificado, lo que considera una privación arbitraria de sus derechos.
En su presentación, el requirente señala que la resolución impugnada se basa en normas que permiten al juez actuar en representación del deudor en la ejecución, lo que, según su argumento, ha llevado a que los efectos de la ejecución se extiendan más allá de las partes involucradas en el juicio. Además, critica que al rechazarse la reposición y concederse la apelación solo en efecto devolutivo, la orden de lanzamiento puede ejecutarse mientras el recurso está pendiente, lo que lo expone a la pérdida inmediata de su vivienda y al desarraigo de su familia.
El requerimiento también argumenta que la ejecución del lanzamiento contra un tercero con un título legítimo infringe el debido proceso, la inviolabilidad del hogar y el derecho de propiedad, contraviniendo así los artículos 8° y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 5° inciso segundo de la Constitución chilena.
El requirente ha solicitado la suspensión de la tramitación y ejecución del proceso subyacente mientras se resuelve su requerimiento, advirtiendo que continuar con la ejecución podría causar un daño irreparable. Pide que, si se acoge su acción, se declare la inaplicabilidad de las normas impugnadas en su caso y se ordene al tribunal que se abstenga de ejecutar el lanzamiento sin un procedimiento contradictorio previo dirigido contra el arrendatario o poseedor legítimo.
El Tribunal Constitucional, a través de su Primera Sala, deberá decidir si admite a trámite el requerimiento, si suspende la tramitación del caso y si otorga un plazo de 10 días a las partes para que se pronuncien sobre su admisibilidad. Si se declara admisible, el Tribunal Pleno se encargará de emitir un pronunciamiento sobre el fondo del asunto.