El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha emitido un fallo sobre la legislación de vivienda social en Dinamarca, conocida como la «ley del gueto», que podría implicar discriminación hacia inmigrantes.
La sentencia del TJUE se centra en la compatibilidad de esta normativa con la Directiva 2000/43/CE, sugiriendo que las políticas danesas podrían incurrir en discriminación directa o indirecta. El tribunal analizó cómo la ley impone planes de desarrollo urbano que afectan desproporcionadamente a los residentes de áreas clasificadas como «zonas de transformación», lo que podría ser considerado discriminación directa si se demuestra que se basa en prejuicios contra inmigrantes de origen no occidental y sus descendientes.
El TJUE también abordó el concepto de discriminación indirecta, indicando que un criterio que parece neutral puede ser ilegal si causa desventajas a un grupo étnico específico. Para que tales medidas sean justificables, las autoridades deben demostrar que persiguen un objetivo legítimo y que los medios utilizados son necesarios. Aunque se reconoce el margen de maniobra de los Estados miembros en políticas sociales, se enfatiza la obligación de respetar la prohibición de discriminación por origen racial o étnico.
El caso se originó a partir de una demanda de residentes del complejo habitacional Mjolnerparken en Copenhague, quienes argumentaron que el criterio para reducir la vivienda pública en sus áreas, establecido en el artículo 619(a) de la Ley de Vivienda Social, contravenía el Derecho de la Unión. Este artículo clasifica las zonas según factores socioeconómicos como desempleo y educación, pero también considera si la proporción de inmigrantes de países no occidentales y sus descendientes supera el 50%.
El tribunal danés que elevó la cuestión prejudicial al TJUE ahora deberá evaluar si la normativa vigente necesita ajustes para alinearse con los estándares europeos, a la luz de la orientación proporcionada por el tribunal europeo.
Organismos internacionales han expresado previamente preocupaciones sobre los efectos de esta legislación. En mayo de 2021, Amnistía Internacional alertó en el Examen Periódico Universal de la ONU sobre las posibles consecuencias de la ley, que podrían incluir la privatización o demolición de aproximadamente 11.000 viviendas familiares. Además, se ha señalado que el Código Penal danés permite a la policía designar temporalmente estas zonas de transformación como áreas de castigo agravado, lo que intensifica la preocupación sobre el tratamiento de los residentes en estas áreas.