La Corte de Apelaciones de San Miguel ha acogido un recurso de protección que denuncia la omisión del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia en la asignación de un cupo residencial adecuado para un niño de nueve años con discapacidad intelectual, a pesar de una orden del Juzgado de Familia de Puente Alto emitida en abril de 2025.