El director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Javier Etcheberry, presentó el jueves los aspectos clave de la estrategia de fiscalización que implementará la institución tras la aprobación de la ley de cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes. Durante una conferencia de prensa, en la que estuvo acompañado por los subdirectores de Fiscalización, Carolina Saravia, y Normativo, Simón Ramírez, Etcheberry indicó que se espera que la nueva normativa sea publicada en el Diario Oficial la próxima semana y que comience a aplicarse de manera efectiva.
El plan de fiscalización se estructura en tres pilares fundamentales: grandes empresas, evasión e informalidad, y crimen organizado. La nueva ley tiene como objetivo recaudar un total de 1.200 millones de dólares en el próximo año.
En cuanto al primer pilar, que se centra en las grandes empresas, se han establecido siete medidas específicas. La primera de ellas se relaciona con el fortalecimiento de la Norma General Antielusión (NGA), que continuará en el ámbito judicial, pero con un enfoque en las planificaciones tributarias agresivas. Esto permitirá una notificación y sanción más rápida, según lo declarado por Etcheberry. La segunda medida se refiere a las rentas pasivas, que incluyen dividendos, arriendos e intereses que son percibidos por compañías y personas de alto patrimonio. La normativa vigente solo abarcaba las rentas pasivas generadas por empresas en el extranjero entre personas relacionadas patrimonialmente. Con la nueva ley, se ampliará esta definición para incluir relaciones familiares hasta el segundo grado de consanguinidad.
En lo que respecta a los precios de transferencia, que determinan el valor de las transacciones entre partes relacionadas en el extranjero, la nueva ley otorgará mayores atribuciones al SII para impugnar los precios, valores y rentabilidades que declaren los contribuyentes. La fiscalización de grupos empresariales será otra acción clave del SII, ya que la normativa permitirá un mayor escrutinio, considerando las características particulares de cada grupo, lo que podrá ser realizado por cualquier dirección regional del país. En este mismo sentido, se contempla la multijurisdicción, permitiendo que una dirección regional pueda fiscalizar a un contribuyente que se encuentre en una área geográfica diferente.
Además, el SII reforzará el control sobre el IVA exportador, ya que la ley introduce una nueva causal que habilita un procedimiento especial previo de fiscalización para prevenir abusos, como el caso de empresas que acumulan devoluciones del impuesto a pesar de tener bajos niveles de exportaciones. Por último, se implementará un control más riguroso sobre los términos de giro, permitiendo que se rechace la solicitud si el contribuyente no presenta la documentación requerida.
El segundo pilar del plan se enfoca en la informalidad, y se han establecido ocho medidas para controlar y reducir este fenómeno. Una de las medidas más significativas es la eliminación de la exención que beneficiaba a las encomiendas de hasta 41 dólares, así como la introducción de un sistema simplificado de pago de IVA para productos importados de hasta 500 dólares, eliminando los aranceles en este rango. Etcheberry destacó que esta medida facilitará el despacho de productos. También se implementará una exigencia de inicio de actividades y cumplimiento de obligaciones tributarias, que será requerida por la administración del Estado, los Gobiernos Regionales y las municipalidades a los contribuyentes con los que contraten productos o servicios, así como a las plataformas digitales.
Las instituciones bancarias tendrán la obligación de reportar información sobre transacciones que involucren más de 50 abonos de diferentes personas a un mismo contribuyente en un mes, o de 100 abonos en un periodo de seis meses, informando el monto de dichas transacciones. Además, se reforzarán las instrucciones administrativas para evitar la emisión de facturas a empresas por compras de consumo personal en restaurantes y supermercados, lo que contribuirá a reducir la base del IVA. También se incrementará la fiscalización en terreno, implementando medidas preventivas para impedir la emisión de facturas fraudulentas en línea y reactivando el control carretero en el peaje de Angostura.
El tercer pilar del plan se centra en el combate al crimen organizado, y contempla seis medidas específicas. La primera de estas medidas es la implementación de un procedimiento judicial simplificado para el levantamiento del secreto bancario, sin la oposición del contribuyente en casos de delitos tributarios. Asimismo, se llevarán a cabo acciones para facilitar el uso del denunciante anónimo, que incluirá una recompensa equivalente al 10% de las multas, siempre que el monto defraudado supere las 100 Unidades Tributarias Anuales (UTA), lo que equivale a aproximadamente 80 millones de pesos.
Los vendedores de artículos usados estarán obligados a identificar a sus proveedores, y las operaciones de compra y venta en efectivo que superen las 135 Unidades de Fomento (UF), es decir, alrededor de 5 millones de pesos, deberán identificar al comprador. El SII también creará una Oficina de Crimen Organizado y fortalecerá la colaboración con el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado en el ámbito penal.
