El gobierno, a través del ministro de Economía, Nicolás Grau, ha explicado el controvertido traspaso de 3,4 billones de pesos desde la Corporación de Fomento (Corfo) hacia el Tesoro Público. Esta decisión incluye recursos que provienen de los excedentes generados por la explotación del litio. Grau mencionó que “existían urgencias sociales (…)” al abordar la situación, refiriéndose a necesidades en áreas como salud, seguridad y vivienda. Sin embargo, no ofreció detalles sobre la forma en que se utilizarán estos fondos, lo que ha generado cuestionamientos sobre la transparencia del proceso.