Un conflicto gremial que se originó hace dos semanas en la Dirección Nacional de Registros de Propiedad Automotor (DNRPA), que forma parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, está generando un impacto creciente en los servicios que este organismo debe proporcionar. La situación se ha visto agravada por la decisión de algunos sectores de los trabajadores de operar bajo un régimen de trabajo “a reglamento”. Como parte de un proceso de ordenamiento de los organismos oficiales, el Gobierno ha implementado un programa de retiros voluntarios, que afecta a aproximadamente 2.500 empleados de la DNRPA, quienes reciben sus salarios a través del Ente Cooperador ACARA (Asociación de Concesionarios de Automotores). Según la información proporcionada por Mariano Cúneo Libarona, quien encabeza la DNRPA, hasta el momento, 1.000 empleados han aceptado la propuesta de retiro voluntario.
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