La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) ha rechazado ante la Justicia una medida cautelar presentada por la Universidad de Buenos Aires (UBA) que busca impedir una auditoría sobre el uso de los fondos públicos asignados a la institución. Según los argumentos del organismo de control, que depende de la Presidencia de la Nación, la casa de altos estudios no ha justificado el 90,22% de las transferencias correspondientes al período 2015-2021 y el 98,87% de los fondos del año 2022. A la fecha, el auditor general Miguel Blanco sostiene que “se encuentra vencido el plazo para rendir cuentas de los $ 5.107.644.818 transferidos”. En su presentación, SIGEN argumenta que “auditar es intervenir”.
Como información complementaria, el organismo aportó al juzgado documentación que revela que, de las transferencias realizadas por el ex Ministerio de Educación a todas las Universidades Nacionales (UUNN) entre 2015 y 2021, el monto asciende a $ 22.176.327.880,38. En el caso particular de la UBA, los fondos enviados totalizan $ 5.349.546.977,99, lo que representa un 24,12% del total transferido, siendo este el mayor porcentaje.
El conflicto se intensifica con el presidente Javier Milei, quien había solicitado a los tribunales del fuero contencioso administrativo federal que declararan la inconstitucionalidad de un artículo de la reglamentación de la Ley de Administración Financiera y Sistemas de Control del sector público nacional. Apenas se difundió la jugada de la UBA, sus abogados, respaldados por el Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, ordenaron preparar una apelación que fue presentada el miércoles 6 de noviembre, con el fin de permitir el inicio de las auditorías previstas desde el pasado 28 de octubre.
La Auditoría General de la Nación (AGN), que está presidida por la oposición en el Congreso, tiene la responsabilidad de auditar a la UBA. El centro de la interpretación se encuentra en el artículo 59 de la Superior N° 24.521, que establece que las universidades nacionales tienen autonomía económico-financiera, la cual deben ejercer dentro del régimen de administración financiera y sistemas de control del sector público, regulado por la Ley 24.156. Esto implica que, aunque gozan de autarquía, pueden administrar sus propios recursos, pero están exentas del sistema financiero del Estado. Esto permite que organismos como la AGN realicen auditorías en estas instituciones, con el objetivo de asegurar la eficiencia y transparencia en el uso de los recursos estatales.
Por su parte, la intervención se justifica mediante resoluciones internas, argumentando que debe ser realizada por la propia AGN. Sin embargo, esto es contrario a la ley, ya que la universidad puede autoexcluirse del control estatal si recibe fondos públicos. Según se expone, “el campo de intervención es simplemente verificar la gestión económica y financiera, agregar valor y mejorar las operaciones, además de las cuentas utilizadas”, según consta en un documento de 47 fojas al que accedió Infobae.
Para reforzar su postura, SIGEN cita fallos de la Corte Suprema que han confirmado la aplicación de la Ley 24.156 a las universidades nacionales, estableciendo que estas están exentas de cumplir con los controles financieros previstos por el Congreso. En este sentido, solicita al tribunal que rechace la medida cautelar, ya que permitirla implicaría un obstáculo al ejercicio de las competencias legales en una situación que ha generado un debate sobre la universidad estatal, y espera que se determine si la solicitud es procedente. Esto comprometería el interés en el manejo de los fondos públicos, en un contexto donde los recursos provienen del Tesoro Nacional y deben ser auditados para garantizar su correcta aplicación.
En el escrito judicial, SIGEN argumenta que “también es importante señalar que la AGN realiza auditorías desde 2018”, a través de una serie de planillas y cuadros, y que “rindió cuentas a la Subsecretaría de Políticas Universitarias”. Además, se detalla que “no se ha cumplido con la fecha de asignación de fondos, que suma $ 5.107.644.818“. De esta manera, SIGEN afirma que “este organismo cuenta con los datos necesarios para efectuar el debido contralor sobre los fines destinados a la educación superior”. Los abogados también expusieron que “atento a lo expuesto, advierte que no existe ningún tipo de garantía para el ciudadano, y peor aún, que se quiere evitar que se rindan cuentas”. Según Blanco, “esto atenta contra los cimientos de nuestra Constitución Nacional, pues aquí se discute un principio reconocido; se trata de una regla de la cual no están exceptuados quienes reciben tales fondos, porque antes bien deberían rendir cuentas a la población que aporta impuestos; pero no solo han incumplido, sino que no están dispuestos a hacerlo. Esto resulta inadmisible en nuestro orden constitucional”. El marco jurídico establece que solo quien es externo, como la AGN, puede auditar a las universidades, que son reconocidas como autónomas desde la Reforma Universitaria de 1918 y la reforma de 1994. El proceso judicial sigue su curso tras la recusación del juez Martín Cormick, y el expediente será enviado a la Cámara Contenciosa Administrativa Federal para un nuevo sorteo de juzgado.
