El proceso de acusación constitucional contra el suspendido ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, avanza tras la aprobación unánime del libelo acusatorio por parte de la comisión revisora de la Cámara de Diputados de Chile. Esta decisión se tomó luego de que se revisaran antecedentes que no fueron considerados en la primera votación, la cual fue anulada debido a un error en la revisión de la defensa del magistrado.
La votación se llevó a cabo este jueves, manteniendo el mismo respaldo que se había obtenido en la sesión anterior, con cuatro votos a favor de los diputados Cosme Mellado (PR), Álvaro Carter (Republicano), Marco Antonio Sulantay (UDI) y Maite Orsini. La diputada Mónica Arce (IND-DC) no participó en la votación debido a su ausencia.
La presidenta de la comisión, Maite Orsini, afirmó que “todos mantenemos la votación del día de ayer y la argumentación efectuada para sostener nuestras votaciones es la misma que el día de ayer y así se van a incorporar en el informe”. La recomendación de la comisión será que la Sala de la Cámara de Diputados apruebe la admisibilidad de la acusación constitucional, que se basa en el notable abandono de deberes del ministro, quien no se inhabilitó para conocer y resolver causas en las que participaban los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos.
La anulación de la primera votación se debió a que los miembros de la comisión no contaron con todos los antecedentes necesarios antes de la votación. Según Orsini, el secretario Roberto Fuentes cometió un error al no informar adecuadamente sobre los documentos que el abogado del magistrado, Felipe Lizama, presentó para su defensa. Estos documentos pretendían demostrar que Simpertigue había pagado su pasaje para asistir a cruceros junto a los mencionados abogados. Sin embargo, Orsini indicó que “esos antecedentes que se adjuntaron, la verdad es que no prueban nada”, ya que no hay evidencia concluyente de que el ministro haya incurrido en esos gastos.
Durante la sesión, la presencia de Felipe Lizama fue criticada por los diputados, quienes señalaron que no pudo aclarar las dudas sobre los antecedentes que presentó. Orsini cuestionó la justificación del abogado por no asistir a sesiones anteriores, afirmando que “he dado todas las garantías, todos los espacios para que se pueda ejercer el derecho a defensa por parte del ministro Simpertigue”.
El caso, conocido como Muñeca Bielorrusa, es parte de una serie de investigaciones que han puesto en tela de juicio la integridad de las instituciones chilenas. Este escándalo resalta la preocupación sobre la capacidad del sistema judicial para operar sin influencias externas y la necesidad de mantener altos estándares de transparencia y responsabilidad.
A medida que se acerca la segunda vuelta electoral, el país se enfrenta a un dilema sobre el futuro del Estado y la economía, en un contexto donde la percepción de riesgo y la desconfianza en las instituciones se han incrementado. La situación actual invita a la reflexión sobre el rumbo político y social de Chile, en un momento decisivo para la reconstrucción de la confianza ciudadana.