La reciente votación en el Senado sobre la acusación constitucional contra el juez de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, ha generado un intenso debate político y judicial en Chile. La acusación, que se presentó junto a la de la magistrada Ángela Vivanco, ha sido objeto de análisis y controversia, especialmente en relación a las implicaciones de las decisiones judiciales y la ética en el ejercicio de la función pública.
Contexto de la acusación constitucional
El proceso de acusación constitucional contra Sergio Muñoz comenzó con la intención de algunos diputados de oposición de levantar una acusación en su contra. Sin embargo, se percibió que había escaso apoyo para esta iniciativa, lo que llevó a la decisión de presentar la acusación en un solo texto que incluyera también a Ángela Vivanco. Esta estrategia obligó a los senadores a votar sobre ambas acusaciones de manera conjunta, lo que permitió que el asunto avanzara en la comisión revisora y posteriormente en el hemiciclo, llevando el caso al Senado para su resolución final.
A pesar de que se pensaba que la separación de las acusaciones podría disminuir el apoyo a la acusación contra Muñoz, la votación del día anterior demostró lo contrario. Se estableció que si cualquiera de los capítulos de la acusación alcanzaba 25 votos, el libelo sería aprobado, lo que conllevaría la destitución de Muñoz de la Corte Suprema y su inhabilidad para ejercer cualquier cargo público durante cinco años. Los cálculos iniciales indicaban que la oposición contaba con 24 votos, lo que dejaba el futuro del juez en una situación crítica.
Desarrollo de la votación
Durante la sesión, los senadores expusieron sus argumentos sobre la acusación. Sergio Muñoz se defendió personalmente ante el Senado, mientras que su hija, quien también es jueza, desempeñó un papel crucial en el debate. Se le acusó de haber proporcionado información confidencial sobre una sentencia relacionada con un proyecto inmobiliario en el que su hija, Graciel Muñoz, estaba interesada. Esta acusación fue respaldada por la declaración de una empleada de la inmobiliaria involucrada. Además, se alegó que Muñoz había ayudado a su hija a ocultar que estaba ejerciendo su labor como jueza desde Italia, en contravención de la normativa que exige que los jueces ejerzan en el país.
Los senadores presentaron sus argumentos en orden alfabético, y cuando Karim Bianchi (Ind.) expuso sus razones, se hizo evidente que la situación para Muñoz era desfavorable. El voto a favor de Francisco Chahuán (RN), quien se pensaba que podría haberse inhabilitado por su relación con una jueza, así como las intervenciones de los demócratas Ximena Rincón y Matías Walker, sellaron el destino del magistrado. Finalmente, la votación resultó en 27 votos a favor del capítulo relacionado con la inmobiliaria y 25 a favor del capítulo sobre Italia.
Argumentos presentados
Durante la discusión, Karim Bianchi afirmó: “El acusado sabía o debió haber sabido del interés patrimonial de su hija. Y al detectar irregularidades que comprometan el funcionamiento del sistema judicial, como las cometidas por su hija, tiene un deber de denuncia”. Por su parte, Ximena Rincón argumentó que “cuando un juez enfrenta una causa en la que exista algún vínculo personal, familiar o patrimonial, su deber es apartarse. La falta de acción del ministro Muñoz abre la puerta a dudas razonables”.
El oficialismo, en cambio, defendió la postura de que la acusación era una venganza política. Juan Ignacio Latorre (FA) expresó que “se quiere castigar al juez por sus fallos”, mientras que Gastón Saavedra (PS) agregó que se trataba de “un ajuste de cuentas por su trayectoria”. Francisco Huenchumilla (DC) advirtió que la unión de las acusaciones contra Muñoz y Vivanco había creado un proceso viciado.
Resultado de la votación y su impacto
Al final de la jornada, se votó la acusación constitucional contra Ángela Vivanco, quien ya había sido destituida, y el resultado fue contundente: 47 votos a favor y ninguno en contra, lo que le impide ocupar cargos públicos durante cinco años.
Reforma al sistema de nombramiento de jueces
En un contexto relacionado, el ministro de Justicia, Luis Cordero, presentó en la Comisión de Constitución de la Cámara una reforma a la Constitución que propone cambios al sistema de nombramiento de jueces. Esta reforma incluye la creación de un Consejo de Nombramientos Judiciales y la eliminación de los abogados integrantes.
Uno de los ejes de la propuesta es “separar en distintos organismos autónomos las funciones administrativas y jurisdiccionales de la Corte Suprema”, así como “generar procedimientos de nombramientos que se rijan por la concursabilidad y la oposición competitiva” y “fijar criterios claros para la gestión de conflictos de interés, reduciendo el riesgo de corrupción”.
El Consejo de Nombramientos estaría compuesto por un ministro de la Corte Suprema, otro de una de Apelaciones, un juez letrado, un abogado nominado por el Cruch y otro por el Presidente de la República.
El senador Iván Flores (DC) destacó que “hace rato que venimos reclamando la falta de transparencia en los procesos de búsqueda y nombramiento de autoridades del Poder Judicial”. El presidente de la Comisión de Constitución, Miguel Ángel Calisto (Ind.), lamentó las críticas a la propuesta, afirmando que “esta propuesta se hace cargo de la crisis que vive la Corte Suprema”. Por su parte, Camila Flores (RN) expresó que, aunque existe un consenso sobre la necesidad de modificar el sistema de nombramiento de jueces, no estaba segura de que la fórmula propuesta por el Gobierno fuera la más adecuada en términos prácticos.
