El proyecto del segundo retiro del 10% de los fondos previsionales parece cada día ser más una realidad. Sin embargo, aún existen diferencias entre los parlamentarios que traban el avance del proyecto. El más polémico, el cobro de impuestos al retiro y que se acoten los beneficios en caso de ser depósito en instrumentos financieros, como el Ahorro Previsional Voluntario (APV) para rebajar renta.
Esto a diferencia del primer retiro que era universal e inembargable, además de no tener costo de mantención.
Esta disyuntiva se hizo presente en la comisión de Constitución del Senado, en donde su presidente, el PS Alfonso de Urresti, señaló que sobre temas tributarios es necesario: “revisarlo, pero en principio diría que no corresponde la tributación. Corresponde que sea universal, poner un límite de $2 millones es no entender la dimensión social que hay detrás de eso’, citando como ejemplos ‘personas que no han perdido sus ingresos, pero que sí ayudan a un familiar que sí lo perdió o que necesita recursos para reemprender”.
Por el contrario, los senadores Iván Moreira (UDI) y Pedro Araya (Ind.) se oponen a cualquier cobro en el retiro.
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El senador gremialista sostuvo que: “la única indicación que veo posible es que las personas que saquen el 10% no puedan reinvertirlo en APV, (…) soy partidario de que sea libre de impuesto en el sentido que sea universal”. Por su parte, Araya planteó que “no tengo ningún problema en que establezcamos una norma que, por ejemplo, impida el beneficio tributario para los que hagan reinversión en ahorro previsional voluntario”, coincidiendo con el legislador de la UDI en que el retiro en sí mismo no sea gravado y sí universal.
El ojo de La Moneda
Durante la sesión en la comisión de Constitución estuvieron presentes los ministros: Ignacio Briones y Cristián Monckeberg, además del subsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro.
Fue el titular de Hacienda quién defendió las acciones tomadas por el Ejecutivo, argumentando que han entregado masiva ayuda a quienes han tenido caída en sus ingresos por la pandemia, en un esfuerzo fiscal de 8,4% del PIB.
Además, advirtió que un nuevo retiro de los fondos costaría casi US$ 6.000 millones, incluyendo un eventual beneficio impositivo por renta no gravada.
En palabras de Briones sería el equivalente a: “encontrarse botado un cheque por $1,6 millones con cargo al fisco, con cargo a todos los chilenos, no se entiende” sentenció.
El proyecto seguirá discutiéndose en la comisión de Constitución del Senado esta próxima semana para luego ser despachado nuevamente a la Cámara de Diputados.
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