La fiscal boliviana Sandra Gutiérrez ha anunciado la inminente emisión de una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, quien ocupó el cargo desde 2006 hasta 2019. Esta medida se toma en el contexto de una investigación que involucra acusaciones de trata de personas y estupro. Gutiérrez, quien es la fiscal departamental de Tarija, ha indicado que la orden se emitirá para que Morales declare ante el Ministerio Público, asegurando que los derechos de los investigados han sido respetados durante el proceso.
Los cargos contra Morales
De acuerdo con la denuncia presentada ante la Fiscalía, se alega que Morales habría incurrido en los delitos de trata de personas y estupro en relación con una menor de edad, con quien supuestamente tuvo un hijo. La víctima, según la denuncia, formaba parte de un grupo juvenil denominado ‘Generación Evo’, creado por el exmandatario durante su tiempo en la presidencia.
La citación y la defensa de Morales
Morales había sido convocado a declarar el jueves en Tarija, sin embargo, su defensa presentó un memorial solicitando su ausencia, argumentando que existe una sentencia constitucional que establece que el caso debe ser tratado en Cochabamba, donde reside el exmandatario y líder del Movimiento al Socialismo (MAS).
Otros investigados y la situación legal
Gutiérrez también mencionó que, además de Morales, otras dos personas están siendo investigadas en este caso y que tampoco se presentaron a declarar. La fiscal afirmó: “Para los tres va a ser la misma situación legal, ya que ellos no han justificado su incomparecencia”.
Justificación de la orden de aprehensión
La fiscal Gutiérrez explicó que “el mandamiento de aprehensión que se va a emanar para que ellos se puedan apersonar a presentar su declaración informativa” también se refiere a los memoriales presentados por la defensa de Morales. Aseguró que “no se está vulnerando ningún derecho”, en respuesta a las afirmaciones de Morales y sus abogados, y destacó que “todo se está haciendo de manera transparente y apegados a la norma legal”.
Reacciones y advertencias de organizaciones sociales
Las organizaciones sociales que apoyan a Morales han advertido que, en caso de que la Fiscalía emita una orden de aprehensión, comenzarán un bloqueo nacional de caminos. Morales, quien se encuentra distanciado del gobierno del presidente Luis Arce, ha manifestado su intención de defenderse en lo que considera una “batalla jurídica”, describiéndola como una “persecución política”. Además, ha señalado que ha recibido ofertas de más de 200 abogados dispuestos a defenderlo de manera “gratuita”.
Contexto de la denuncia
La denuncia contra el expresidente fue presentada el 26 de septiembre en la Fiscalía de Tarija, apenas tres días después de que Morales liderara una caminata hacia La Paz, en la que se plantearon diversas demandas, incluyendo la validación de un congreso partidario en el que fue nombrado “candidato único” del MAS para las elecciones generales de 2025.
Preocupaciones sobre la judicialización política
El Grupo de Puebla, un foro político y académico que reúne a representantes de la izquierda latinoamericana, ha expresado su preocupación por lo que consideran una “campaña de lawfare” o judicialización política en contra del líder del MAS, Evo Morales.