La adquisición de las casas de los expresidentes Salvador Allende y Patricio Aylwin por parte del Ministerio de Bienes Nacionales ha suscitado controversia debido a posibles infracciones legales. La compra, destinada a crear casas museos en memoria de ambos mandatarios, ha sido calificada como “inconstitucional” por diversos sectores. Según un informe de La Tercera, esta transacción podría violar la ley 20.414, que regula la transparencia, modernización del Estado y calidad de la política, prohibiendo a los ministros concretar contratos con el Estado.
Prohibiciones para ministros
La ley 20.414 establece que “durante el ejercicio de su cargo, los ministros estarán sujetos a la prohibición de celebrar o caucionar contratos con el Estado, actuar como abogados o mandatarios en cualquier clase de juicio o como procurador o agente en gestiones particulares de carácter administrativo, ser director de bancos o de alguna sociedad anónima y ejercer cargos de similar importancia en estas actividades”. Esta normativa es relevante en el contexto de la compra de la casa de Allende, ya que una de las beneficiadas es la actual ministra de Defensa, Maya Fernández.
Reconocimiento de errores en la administración
Fuentes dentro de la administración del presidente Gabriel Boric han indicado que ya se reconoce el error en la gestión de esta compra, describiéndolo como un “autogol”. Se ha mencionado que existe una coordinación para que la ministra Marcela Sandoval regrese de sus vacaciones y aborde esta nueva crisis en el Ministerio de Bienes Nacionales.
Propiedad de la casa de Allende
El decreto de compra también menciona que la casa de Allende es propiedad de la senadora Isabel Allende Bussi, lo que podría infringir otro artículo de la ley 20.414, que prohíbe a los parlamentarios realizar tratos con el Estado. Esta situación ha generado un debate sobre la legalidad de la transacción y sus implicaciones para los involucrados.
Reacciones del Gobierno y la oposición
En este contexto, la ministra vocera de Gobierno (s), Aisén Etcheverry, declaró a Radio Duna que “tanto el Ministerio de Bienes Nacionales como el de las Culturas están haciendo todos los análisis legales para asegurarnos que esto se haga de la forma correcta, totalmente apegado a la ley y con la mayor transparencia posible”. Por otro lado, la UDI ha anticipado que llevará el caso al Tribunal Constitucional, argumentando que la Contraloría debe responder tras tomar razón del decreto firmado por Bienes Nacionales para ejecutar la compra, lo que podría acarrear problemas tanto para la ministra Fernández como para la senadora Allende.
