La reciente compra de la casa del expresidente Salvador Allende Gossens por parte del Gobierno ha generado una controversia significativa en el ámbito político y legal en Chile. Esta adquisición, destinada a la creación de un museo en Providencia, ha suscitado críticas debido a las implicaciones constitucionales que conlleva, especialmente en relación con la actual ministra de Defensa, Maya Fernández Allende, y su hermano, Alejandro.
Detalles de la compra
La administración del presidente Boric ha decidido desembolsar un total de 24.291 Unidades de Fomento (UF) por la propiedad ubicada en Guardia Vieja, lo que equivale a aproximadamente $933 millones de pesos chilenos. Esta propiedad, que perteneció al exmandatario, fue adquirida por la ministra y su hermano a su tía, la senadora Isabel Allende Bussi (PS), por un monto cercano a $250 mil cada uno.
Infracciones constitucionales
La transacción ha sido objeto de debate, ya que se considera que podría constituir una infracción a varios artículos de la Constitución chilena. Según la normativa, “durante el ejercicio de su cargo, los ministros estarán sujetos a la prohibición de celebrar o caucionar contratos con el Estado”. Además, se prohíbe a los ministros actuar como abogados o mandatarios en juicios, así como ser directores de bancos o sociedades anónimas.
La situación ha sido reconocida por fuentes de La Moneda como “uno de los grandes errores” del Gobierno, ya que se habrían pasado por alto estos artículos constitucionales. Las implicaciones de esta compra también afectan a la ministra Fernández y a la senadora Allende, así como a la Contraloría.
Rectificación de patrimonio
Desde el Ministerio de Defensa se ha confirmado que será necesaria una rectificación en la declaración de patrimonio de la ministra Fernández, quien actualmente figura como 100% dueña de la propiedad, lo cual no es correcto. El decreto de Bienes Nacionales establece que la propiedad está a nombre de la ministra, así como de Carmen Paz Allende Bussi, Alejandro Salvador Fernández Allende, y la senadora María Isabel Allende Bussi.
Esta situación plantea otra infracción constitucional, ya que, de acuerdo con la Carta Fundamental, “cesará en el cargo el diputado o senador que durante su ejercicio celebrare o caucionare contratos con el Estado, o el que actuare como procurador o agente en gestiones particulares de carácter administrativo”. La controversia en torno a esta compra continúa desarrollándose, con implicaciones significativas para los involucrados y el Gobierno.