Este viernes, el diputado Roberto Arroyo, perteneciente al Partido Social Cristiano (PSC), junto a otros miembros del parlamento, presentó una solicitud ante el Tribunal Constitucional (TC) para declarar la reforma de pensiones como inconstitucional. En total, 38 legisladores se unieron a esta acción legal, argumentando que el Congreso Nacional ha legislado sobre asuntos que no son de su competencia, ya que exceden las materias que la Constitución le asigna de manera específica.
Argumentos de los legisladores
Los parlamentarios que apoyan esta solicitud sostienen que la normativa recientemente aprobada afecta de manera negativa a los derechos de los afiliados al sistema previsional, en virtud de lo establecido en el artículo 19, números 18, 21 y 24 de la Constitución. Según los legisladores, la reforma de pensiones “atenta directamente contra el derecho de propiedad de los afiliados sobre sus fondos de pensiones”.
Impacto de la reforma
Los diputados argumentan que la nueva ley limitaría la capacidad de decisión y control de los afiliados sobre sus fondos, dado que se propone la eliminación de los actuales cinco multifondos, los cuales serían reemplazados por fondos generacionales. Esta modificación, según los legisladores, alteraría “de forma unilateral los actuales contratos vigentes”, lo que representa un vicio de competencia por parte del legislador, actuando más allá de lo que la Constitución Política de la República permite.
Derechos de los afiliados
El documento presentado ante el TC también señala que la reforma de pensiones afecta el derecho de propiedad de los afiliados al restringir su capacidad de decisión y control sobre el destino de sus ahorros previsionales. La eliminación de los cinco multifondos y la introducción de al menos diez fondos generacionales prohíbe a los 12.000.000 de afiliados la libertad de cambiar de fondo, lo que, según los legisladores, es una violación a sus derechos fundamentales.
