El Tribunal Superior de Justicia del Reino Unido ha anulado la decisión del Ministerio del Interior que clasificaba a la organización Palestine Action como un grupo terrorista.
La sentencia del tribunal establece que, aunque el Ministerio del Interior tiene la autoridad para prohibir entidades, en este caso no se consideraron adecuadamente los factores adicionales requeridos por la normativa vigente. El fallo subraya que el error administrativo fue significativo, ya que la medida no se ajustó a los criterios de proporcionalidad necesarios para justificar una prohibición total.
El tribunal reconoce que Palestine Action ha llevado a cabo actos que podrían encuadrarse en definiciones de terrorismo, pero aclara que la naturaleza y la persistencia de estas actividades no alcanzan el umbral necesario para justificar su prohibición. Según la sentencia, la política estatal debe restringir el uso de la discreción para evitar que cualquier organización que cumpla mínimamente con los requisitos sea automáticamente proscrita. Por el momento, la anulación de la prohibición está vigente a la espera de una posible apelación por parte del Estado.
La controversia legal se originó a raíz de una demanda presentada por la cofundadora de Palestine Action, quien invocó la Ley de Derechos Humanos de 1998 y los artículos 10 y 11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. La proscripción inicial, que fue impulsada por la Secretaria de Estado bajo la Ley Antiterrorista de 2000, se produjo tras una serie de actos de vandalismo contra infraestructura militar en el contexto del conflicto en Gaza.
Desde la perspectiva de las autoridades, la Policía Metropolitana ha indicado que la anulación de la orden está sujeta al proceso de apelación. Por lo tanto, las autoridades han advertido que manifestar apoyo a la organización podría seguir siendo considerado un delito penal bajo el marco legal actual. La policía ha señalado que ajustará su enfoque operativo, centrándose en la recopilación de pruebas sobre este tipo de conductas, en lugar de realizar arrestos inmediatos.
El impacto de la prohibición anterior se refleja en las estadísticas del Ministerio del Interior, que reportaron 1.630 arrestos relacionados con esta prohibición durante el año 2025, lo que representa un aumento del 660 % en las detenciones por terrorismo en comparación con el periodo anterior. Este proceso judicial coincide con el final de una huelga de hambre llevada a cabo por activistas encarcelados que protestaban contra la criminalización de sus actividades.