El presidente de la Fundación Fuerza Ciudadana, Raimundo Palamara, ha presentado una denuncia ante la Contraloría relacionada con un traspaso de 3,4 millones de pesos que la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) realizó al Ministerio de Hacienda en el año 2023. En su denuncia, Palamara solicita un pronunciamiento jurídico sobre el traspaso de aproximadamente 3,5 billones de pesos desde Corfo al Ministerio de Hacienda, así como sobre la decisión de no realizar un segundo traspaso de 1,5 billones de pesos por parte de Corfo hacia el mismo ministerio.
En el documento al que tuvo acceso La Tercera, Palamara plantea cuatro interrogantes que la Contraloría debe aclarar:
Interrogantes planteadas a la Contraloría
1. La legalidad de la solicitud del primer traspaso.
2. Si dicho traspaso correspondía a excedentes de Corfo.
3. Si Corfo es un servicio o institución con aporte fiscal.
4. Si Corfo tenía la facultad de abstenerse de otorgar los 1,5 billones de pesos en una segunda oportunidad al Ministerio de Hacienda, en caso de que lo anterior haya sido legal.
Palamara también solicita que se determine si corresponde iniciar un proceso sumarial y si se deben derivar los antecedentes al Ministerio Público ante posibles hechos que pudieran constituir algún tipo de delito. En este contexto, Palamara ha declarado que esta situación podría ser la antesala de una acción judicial por un eventual delito de malversación de caudales públicos.
Declaraciones de Raimundo Palamara
El presidente de la Fundación Fuerza Ciudadana enfatizó que “cuando está en juego el patrimonio público, no se puede depender de lo que digan ciertos burócratas, sino que se debe actuar apegado a la ley”. Además, mencionó que el artículo 29 bis del decreto ley 1263 establece claramente los requisitos necesarios para que se puedan realizar traspasos de fondos, y a su juicio, esos requisitos no se cumplen en este caso específico.
Palamara subrayó que “por lo mismo, Contraloría se debe pronunciar. No debemos perder el tiempo en comisiones, citaciones, sino que los organismos actúen a la brevedad”.
Posibles acciones futuras
Ricardo Palamara, quien también está involucrado en la denuncia, confirmó que una vez que obtengan el pronunciamiento del ente fiscalizador, no descartan presentar una denuncia o querella criminal por el eventual delito de malversación de caudales públicos. “Los dineros públicos se gastan según determina la ley y no está en manos de un burócrata eludir el cumplimiento de la ley”, concluyó.
